Según comunicó la Agencia Nacional de Tierras (ANT), los predios El Cabrero y El Darién, ubicados en corredores rurales históricamente disputados por el narcotráfico, permanecieron durante años sin un propietario claramente definido, situación que facilitó el uso ilegal del suelo y la persistencia de la violencia en el territorio.
El director de la entidad, Felipe Harman, destacó que las localidades favorecidas llevaban más de 20 años reclamando la titulación y ampliación de sus territorios, pero por la presencia de los cultivos de hoja de coca en la zona el Estado nunca intervino.
“La institucionalidad no erradicó los cultivos ni entregó predios para que las comunidades pudieran sustituir y sembrar alimentos en tierra propia”, señaló.
Como parte de los acuerdos establecidos con el Gobierno, las comunidades afrocolombianas beneficiadas asumen un compromiso jurídico y social de destinar las tierras entregadas exclusivamente a actividades productivas lícitas, apuntó asimismo el organismo.
Remarcó la ANT que las 592 hectáreas entregadas en Tumaco se suman a las más de un millón 800 mil tituladas durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro a comunidades campesinas y étnicas, una estrategia integral que articula el acceso a la tierra con la lucha contra las drogas y la sustitución de economías ilegales.
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