Castro sancionó y ordenó la publicación en el diario oficial La Gaceta del decreto legislativo, que exige el recuento voto por voto de las más de 19 mil juntas receptoras de votos de los comicios, salpicados por numerosas irregularidades y denuncias de fraude.

Tras la publicación en La Gaceta (con fecha de ayer 9 de enero), el Congreso Nacional se pronunció a través de su cuenta oficial en la red social X: “El voto del pueblo se respeta”, con lo que reafirma su postura sobre la importancia de la voluntad popular expresada en las urnas.

Con su decisión, la mandataria avala la decisión parlamentaria de desconocer la declaratoria oficial emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que el pasado 24 de diciembre proclamó presidente electo de Honduras a Nasry Asfura, del derechista Partido Nacional.

Además, da marcha atrás a los resultados finales divulgados por el CNE el 30 de diciembre, que certificó el proceso electoral sin contabilizar miles de actas con inconsistencias e impugnaciones en los tres niveles electivos: presidencial, corporaciones municipales y diputaciones.

En una sesión extraordinaria que arrancó en la tarde del jueves y culminó después de la medianoche, 68 congresistas, en su mayoría del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), aprobaron la víspera una iniciativa para que se cuenten todas las actas de los atropellados comicios.

Convocada por el presidente del Congreso, Luis Redondo, a la sesión del pleno no asistieron las bancadas de los derechistas partidos Nacional y Liberal, principales fuerzas de la oposición, que sí reconocieron los resultados finales de la contienda emitidos por el árbitro de la votación.

El pleno fue convocado para analizar un informe jurídico elaborado por una comisión especial del legislativo sobre los presuntos incumplimientos del CNE antes, durante y después de las generales.

“Nosotros no estamos anulando las elecciones, simplemente estamos pidiendo que se abran las 19 mil 167 juntas receptoras de votos para conocer la voluntad popular, a qué le tienen miedo”, preguntó Redondo, en alusión al bipartidismo, encarnado por nacionalistas y liberales.

Aclaró que el Parlamento hace uso de las facultades que la Constitución le otorga y ordena al CNE que concluya el escrutinio de todas las actas.

“El rol de este Congreso se activa como una función constitucional, orientada exclusivamente a concluir el escrutinio pendiente. No se trata de sustituir políticamente al órgano electoral”, expuso el diputado de Libre Ramon Barrios, quien tuvo a su cargo la presentación del análisis.

Entre los principales señalamientos del informe figuran múltiples anomalías en el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) de los comicios, así como en el uso del dispositivo biométrico, graves infracciones que comprometieron la transparencia del proceso.

Además, el análisis jurídico condenó los pronunciamientos del mandatario estadounidense, Donald Trump, a favor de Asfura, al considerarlos una injerencia en los asuntos internos de Honduras y un intento de condicionamiento al electorado.

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