La pasada semana el Ministerio de Industria y Comercio emitió un Decreto Ejecutivo que prohíbe el pesaje de metales ferrosos y no ferrosos, uno de los elementos que se considera catalizador de la vandalización de estructuras de servicios esenciales como la electricidad, agua y transporte.

En julio del 2024 la Asamblea Nacional aprobó una ley específica que endurecía las penas para quienes incurrieran en este tipo de delitos contra el patrimonio público, pero su aplicación no frenó los incidentes, de ahí que consideraran necesario acudir al cierre de estas casas de pesaje en todo el país.

Las empresas que forman parte del Sistema Eléctrico Nacional sufrieron pérdidas financieras en 2025 superiores a los 50 millones de dólares, debido a los daños ocasionados a la infraestructura nacional de producción, transporte y distribución de energía, donde el material robado en la mayoría de los casos culminó en estos establecimientos.

El subdirector de operaciones del sistema eléctrico de la Red Nacional de Transporte (RNT), Paulo Filho, declaró a la agencia Angola Press que el vandalismo afecta negativamente la implementación de nuevos proyectos en el sector y el cumplimiento de los plazos y la continuidad del suministro eléctrico regular.

En tal sentido, manifestó conformidad con la medida adoptada por el Ministerio de Industria y Comercio, la cual consideró como un paso decisivo para desalentar estos actos y disuadir sobre tales prácticas.

El presidente del Consejo de Administración del Ferrocarril de Luanda (CFL), Manuel Kandakanda, comentó por su parte que sólo las infraestructuras y equipos pertenecientes a esa institución tuvieron perjuicios el pasado año por valor de cinco millones de dólares.

Materiales esenciales que garantizan la seguridad y la eficiencia de los servicios ferroviarios, como los anchos de vía, los tornillos, los rieles, las traviesas metálicas, los cables de cobre que conectan los vagones, las llaves de freno de los trenes, las cabezas de riel y los juegos de ruedas, estuvieron entre los más vandalizados.

La venta de metales ferrosos y no ferrosos en las casas de pesaje es considerada como el principal motor de estos actos, aunque inicialmente fueron pensadas para recuperar los desechos metálicos.

La disposición del Ministerio de Industria y Comercio, atendiendo a esta realidad, estableció la prohibición y la consiguiente revocación de todas las licencias, independientemente de la entidad que las otorgue, para el pesaje de metales ferrosos y no ferrosos.

El decreto, que aplica para las personas físicas o jurídicas y excluye a las unidades industriales legalmente autorizadas, también prevé medidas de inspección destinadas a prevenir prácticas ilícitas y proteger el patrimonio público.

Conjuntamente con el incremento de las sanciones legales para estos delitos y la eliminación de un potencial incentivo con el cierre de las casas de pesaje, el país también incrementa la vigilancia para detener este tipo de acciones.

La pasada semana un ciudadano fue detenido en la provincia de Cuanza-Norte mientras intentaba retirar elementos metálicos de una torre de alta tensión.

Además de las pérdidas económicas al Estado, los delitos contra el patrimonio público afectan a la población y a los privados, como ocurrió en diciembre último, cuando las provincias de Cuanza-Sul y Benguela quedaron sin electricidad por más de 24 horas por el desmontaje de cinco torres de transmisión eléctrica.

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