Según trascendió, el tribunal ya notificó a las entidades demandadas por presunta “falsa motivación”, en este caso los ministerios de Hacienda y Trabajo, y comunicó sobre el proceso a la Procuraduría General y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que emitan sus criterios sobre el tema en cuestión.

Por otra parte, ordenó al Gobierno nacional remitir todos los documentos que avalaron la decisión de situar el monto del salario mínimo en dos millones de pesos (unos 548 dólares al camio actual), lo cual beneficia a cerca de dos millones 400 mil personas.

Anunció asimismo el Consejo de Estado que, en una providencia separada, se surtirá el trámite correspondiente para dirimir la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de la medida realizada por el ciudadano Germán Castro.

Durante la víspera, el presidente del país, Gustavo Petro, alertó que “la oligarquía y los oligopolios, que son los dueños de la oligarquía, buscarán a sus amigos en el poder judicial para derribar” las medidas dispuestas por su gobierno.

Explicó además que su decisión de aumentar el salario mínimo en 23,7 por ciento para el año en curso está en consonancia con lo estipulado en el artículo 53 de la Constitución y que responde a los cálculos realizados sobre la base del costo de la canasta mínima vital de las familias en el país.

Hoy más temprano, el mandatario celebró la negativa a una solicitud presentada por el exmagistrado Alejandro Linares sobre el mismo tema al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.

El aumento del salario mínimo, estipulado mediante un decreto presidencial, fue una noticia celebrada por las organizaciones sindicales, pero generó incomodidad en los gremios empresariales.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias, calificó la medida como reivindicatoria.

ro/ifs