“Como saben, la Asamblea General ha pedido reiteradamente el fin del bloqueo contra Cuba”, expresó el vocero en respuesta a una pregunta de Prensa Latina sobre el reforzamiento de esa política, tras la nueva orden ejecutiva de la administración de Donald Trump de imponer unilateralmente coercitivos aranceles a los países que vendan petróleo al país caribeño.

Instamos a todos los Estados Miembros -dijo- a que cumplan las resoluciones de la Asamblea General.

Una orden ejecutiva publicada por la Casa Blanca el 29 de enero y firmada por el mandatario republicano declara una “emergencia nacional” respecto a Cuba y para hacerle frente, estimó que sería “necesario y apropiado” establecer un sistema de aranceles contra los países que proporcionen “directa o indirectamente” cualquier tipo de petróleo a Cuba.

Días antes del regreso de Trump a la Casa Blanca el pasado año, la ONU ratificó a Prensa Latina que daba la bienvenida “al anuncio de Estados Unidos del 14 de enero sobre, entre otras medidas, la retirada de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado”.

Un acto tardío de la saliente administración de Joe Biden, pero que estaba en la dirección correcta.

Sin embargo, tras asumir el cargo una semana después, en sus primeras horas en la mansión ejecutiva, Trump dio marcha atrás con una orden ejecutiva a la decisión de Biden sin presentar ninguna evidencia nueva y desconocer el trabajo y criterio de sus propias agencias estatales.

Las reacciones no se hicieron esperar. El secretario general de la ONU, António Guterres, incluso, en su momento, reconoció que la conducta de Cuba en algunos procesos de mediación como el proceso de paz en Colombia, contradice la permanencia en semejante lista.

Cuba fue incluida por primera vez en esa relación de Estados patrocinadores del terrorismo en 1982, durante el gobierno del republicano Ronald Reagan hasta que, en 2015, el presidente demócrata Barack retiró tal designación al considerar que carecía de mérito.

El bloqueo económico, comercial y financiero a Cuba constituye una política unilateral, coercitiva y extraterritorial que viola el Derecho Internacional y los propósitos y principios de la Carta de la ONU.

Tras sus 65 años de aplicación, el objetivo central no ha variado: deteriorar el nivel de vida de la población, provocar insatisfacciones, desesperación e irritación, como medio para propiciar un cambio en el orden constitucional que el pueblo cubano ha escogido libremente.

La administración estadounidense persiste en ignorar el llamamiento casi unánime de la comunidad internacional para poner fin a esta política ilegal e inhumana contra Cuba, expresado en 33 resoluciones de la Asamblea General de la ONU.

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