La medida reorganiza el modelo institucional del transporte terrestre masivo, al separar las funciones de operación y mantenimiento de los sistemas, que asumirá la nueva empresa, de las tareas de desarrollo y ejecución de infraestructura, las cuales permanecerán bajo la responsabilidad exclusiva del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo.

El decreto establece, además, un proceso expreso de supresión y liquidación institucional de la Opret, con el propósito de garantizar una transición jurídica, administrativa y operativa ordenada.

Este proceso asegura la continuidad del servicio público de transporte masivo, la preservación de los derechos y obligaciones vigentes, la transferencia organizada de activos, contratos y relaciones jurídicas, así como la protección del personal, a fin de evitar cualquier afectación a los usuarios durante la transición institucional.

De acuerdo con información oficial, con estas disposiciones el Gobierno reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional del Estado, la mejora de los servicios públicos y la consolidación de un modelo de gestión más eficiente.

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