La organización expresó su alarma frente al oficialmente denominado Proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, enviado por el Ejecutivo como iniciativa económica urgente y ya en trámite dentro de la Asamblea Nacional (Parlamento).

Según el movimiento indígena, la propuesta prioriza la agilización de inversiones extractivas sin garantizar la consulta previa, libre e informada, un derecho reconocido en la Constitución ecuatoriana y en tratados internacionales de derechos humanos.

Además, la Conaie advirtió que el reemplazo de licencias ambientales por autorizaciones simplificadas y la aceleración de trámites administrativos reducirían la consulta a un procedimiento formal, sin asegurar procesos reales de decisión colectiva ni consentimiento de las comunidades.

En el pronunciamiento, el colectivo alertó también sobre la flexibilización de controles ambientales y del uso del agua, lo que debilita la capacidad del Estado para prevenir daños irreversibles en ecosistemas estratégicos como páramos, bosques y ríos.

En un contexto de crisis climática, la organización sostuvo que el agua debe ser protegida como bien común esencial para la vida y la agricultura campesina, y no subordinada a una lógica extractiva orientada al mercado.

El comunicado cuestiona además que el proyecto refuerce un modelo de dependencia extractiva, concentrando decisiones estratégicas y ampliando la participación privada mediante delegaciones de largo plazo, sin mecanismos efectivos de control social, transparencia ni rendición de cuentas.

“La experiencia histórica del Ecuador demuestra que este camino ha profundizado la desigualdad, la criminalización de la defensa territorial y los impactos sociales y ambientales”, señaló la Conaie, al advertir que la expansión extractiva no resolverá la violencia ni el desorden en los territorios.

La semana pasada, el secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, presentó al Legislativo dos proyectos económicos urgentes, el relacionado con la minería y la energía y otro que pretende introducir cambios en la forma en que los gobiernos locales administran sus recursos.

Por tener carácter económico urgente, la Asamblea dispone de 30 días para tramitar las dos iniciativas, que deberán ser aprobadas con al menos 77 votos en dos debates cada una.

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