“La Policía boliviana está realizando un trabajo prolijo pese a las limitaciones y que al transcurrir el tiempo ya se habían perdido muchos de los elementos que nos hubieran servido para una mejor investigación”, afirmó.
Sokol fue consultado por la prensa, tras la presentación la víspera del plan de modernización de ese cuerpo del orden.
La autoridad policial criticó que, desde el ingreso de las maletas al país, el 29 de noviembre último, hasta que su institución conoció el caso transcurrieron cerca de siete días.
“En una semana esas maletas podían haber atravesado el mundo”, expresó, y añadió que pese a ello “se tienen resultados, se tiene gente aprehendida, se conoce en parte la verdad histórica de lo que ha ocurrido”.
Reconoció que todavía existen vacíos que serán aclarados en los siguientes días y consideró que el personal del aeropuerto de Viru Viru, encargado de recibir las maletas, tendrá “que responder por qué se ha demorado tanto en conocer esto”.
El expediente penal, presentado ahora ante la prensa como “maletas”, se refiere al ingreso de 31 valijas el 29 de noviembre último por la exdiputada Laura Rojas, quien llegó a Santa Cruz desde Estados Unidos en un vuelo chárter valorado en cerca de 100 mil dólares.
La exlegisladora presentó un pasaporte diplomático que, según la Cancillería, fue cancelado el pasado 13 de noviembre, con el cual eludió los controles aduaneros establecidos por normativa.
Esas maletas fueron trasladadas desde Viru Viru hacia el galpón de una empresa de seguridad, propiedad del juez Hébert Zeballos, donde el 20 de enero un operativo antinarcóticos halló 79 kilogramos de marihuana.
Pese a que el Gobierno conoció de este caso en la primera semana de diciembre, la semana pasada el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que el Ministerio Público recibió información solo el 19 de enero, y opinó que, si se hubiera tenido esos datos antes, el expediente se hubiera resuelto en 24 o 48 horas.
Según los informes, con detención preventiva en la prisión de Palma Sola permanecen la exdiputada Rojas (seis meses), el juez Zeballos (120 días) y un guardia de seguridad.
Aprehendidos también están una socia de Zeballos en condiciones domiciliarias, otro vinculado con la empresa de seguridad y un representante legal.
Cinco funcionarios de la Aduana que trabajaban en Viru Viru fueron despedidos.
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