La audiencia se instaló la madrugada de este miércoles en el Complejo Judicial Norte, en Quito, donde el fiscal Dennis Villavicencio pidió al juez Jairo García mantener tras las rejas a 10 de los procesados y arresto domiciliario para otro de los implicados por tratarse de una persona de la tercera edad.

El Ministerio Público también solicitó el congelamiento de cuentas bancarias como parte de las medidas cautelares del denominado caso Goleada, que investiga un presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

Se espera que en la tarde de este miércoles el magistrado anuncie si acoge el pedido de prisión preventiva o dispone medidas alternativas como prohibición de salida del país y presentaciones periódicas.

Además del alcalde guayaquileño, entre los procesados figuran sus hermanos José Antonio Álvarez, presidente del Barcelona Sporting Club, y Xavier Álvarez, así como empresarios y directivos vinculados a empresas investigadas.

En el exterior del complejo judicial se desplegó un fuerte operativo policial mientras militantes de la Revolución Ciudadana (RC) y del movimiento Renovación Total (RETO) se concentraron en respaldo al burgomaestre.

El abogado defensor Ramiro García cuestionó la acusación fiscal y aseguró que no existen pruebas suficientes que demuestren lavado de activos o delincuencia organizada, ni siquiera de comercialización ilícita de combustibles.

El jurista subrayó que la Fiscalía se basa en elementos del denominado caso Triple A, que desde julio de 2024 analiza un supuesto esquema de tráfico de combustibles.

En un comunicado, el movimiento político RETO rechazó la detención de Álvarez, una operación que la organización catalogó como ilegal, ilegítima y arbitraria.

“No se puede tolerar que se siga usando a la justicia como un arma de persecución contra la voz de los disidentes y de todos aquellos que no estamos de acuerdo con el modelo autoritario que hoy socava nuestra democracia”, expresa el pronunciamiento.

Por su parte, el legislador y presidente de RETO, Raúl Chávez, calificó la acción como un intento de desviar la atención de los problemas reales del país y denunció un posible abuso de poder contra quienes se oponen al Gobierno.

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