Se trata “de una base de datos única y confiable sobre la totalidad de la población privada de libertad recluida en los centros penitenciarios del país”, subrayó la cartera de Interior en sus redes sociales.

La información está en el sistema GP360 e incluye en total la identificación y perfilamiento de 23 mil 837 reclusos, dos mil 545 miembros activos de las pandillas Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, ampliaron medios locales de prensa.

Además, acotaron, se verificó con la base de datos del Registro Nacional de las Personas (Renap).

El titular de Gobernación, Marco Antonio Villeda, divulgó a fines de enero pasado que el padrón mostraba un avance del 90 por ciento y fijó para estos días su conclusión.

El funcionario señaló antes que los centros de detención han sido la cenicienta del Estado, la institución a la que menos recursos se le asignan, “tenemos que no cumplen los estándares internacionales de seguridad y rehabilitación”.

Son bombas de tiempo permanentes y, por esa razón, es que nos propusimos este año construir dos cárceles que ayuden a disminuir el hacinamiento en principio, afirmó Villeda.

El Mingob ejecutó la inspección con dispositivos de control biométrico MI3, a fin de recuperar el control institucional en las prisiones.

La verificación de identidad forma parte del plan estratégico para modernizar el Sistema Penitenciario (SP) y garantizar seguridad.

Las 23 centros de detención chapines fueron diseñados para seis mil 842 presos, pero en la actualidad, además del hacinamiento, enfrentan falta de personal, presencia de estructuras criminales y una aguda corrupción.

La fuga masiva de 20 reos de alta peligrosidad del penal capitalino Fraijanes II en octubre último impulsó el censo y también la aprobación del Decreto 11-2025, Ley Antipandillas, que obligaba a realizarlo.

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