Según se informó, la medida tiene como objetivo aprovechar de manera sustentable los recursos minerales, agilizar los trámites administrativos y fortalecer la seguridad jurídica para el Estado y los particulares que desarrollan actividades e inversiones en el sector minero.

El artículo primero de la iniciativa establece adiciones a la normativa 1259, Ley Orgánica de la PGJ, con lo cual se incorporan nuevas funciones a esa institución, divulgó el portal web El 19.

Entre las atribuciones de la PGJ se incluye ejercer la dirección, control y supervisión de la Dirección General de Minas, labor que realizará a través de la Procuraduría Nacional para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.

Con la aprobación de la ley, la DGM queda adscrita formalmente a la PGJ por medio de esa Procuraduría especializada, la cual será responsable de administrar el uso y explotación de minas y canteras, mediante la aplicación del régimen de concesiones y licencias vigentes, conforme a las normas técnicas y regulaciones establecidas por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales.

Asimismo, le corresponderá coordinar y administrar el Sistema de Catastro Minero, tramitar las solicitudes de concesiones y licencias de acuerdo con la Constitución y las leyes, negociar sus términos y otorgarlas, así como suspenderlas o cancelarlas cuando se incumplan las normas técnicas y ambientales.

La normativa también faculta a la entidad a solicitar a las autoridades de la Costa Caribe de Nicaragua las opiniones correspondientes sobre las solicitudes de concesiones mineras, las cuales deberán emitirse en un plazo no mayor de 10 días hábiles.

De acuerdo con los legisladores, la reforma busca fortalecer la gestión del sector minero bajo criterios de sostenibilidad, transparencia y seguridad jurídica.

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