La cámara alta precisó que, por cada seis días laborales, los trabajadores deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro.

El dictamen, remitido a la Cámara de Diputados, recibió el visto bueno de 121 parlamentarios en lo general, y 103 votos a favor y 15 en contra en lo particular, con lo cual alcanzó la mayoría calificada requerida para su aprobación.

De acuerdo con lo difundido, el artículo tercero transitorio especifica que la meta se alcanzará de manera gradual: en 2026 la jornada se mantendrá en 48 horas; en 2027 será de 46; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y al año siguiente, quedará en 40.

La reforma agrega que, por horas extraordinarias de jornada laboral, se abonará como salario al trabajador 100 por ciento más de lo fijado para las horas ordinarias, además de establecer que esa labor extraordinaria no excederá de 12 horas en una semana.

Estas podrán distribuirse, precisó el Senado en un comunicado, en hasta cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días en ese período.

Otra adición a ese artículo de la carta magna indica que la prolongación del tiempo extraordinario de trabajo, que supere las mencionadas 12 horas, obliga al empleador a pagar 200 por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada ordinaria.

Además, los menores de 18 años no podrán laborar tiempo extraordinario.

La presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Geovanna Bañuelos, lamentó que México sea uno de los países donde los trabajadores laboran más y descansan menos, lo cual no implica productividad, sino que propicia que las personas padezcan más desgaste físico, emocional y social.

“Trabajar más horas no significa trabajar mejor”, sostuvo la legisladora, quien defendió que esta reforma implica devolver tiempo a los empleados que salen de casa antes del amanecer y vuelven cuando ya es de noche, para que convivan más con sus familias y puedan descansar y mejorar su salud.

A juicio del presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, esta modificación constituye un paso más hacia la consolidación del estado de bienestar, que se suma a los avances en derechos laborales de los últimos años y recupera la tradición social de la Constitución de 1917.

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