Álvarez, procesado por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, llegó al centro penitenciario de la provincia andina de Cotopaxi después que el juez Jairo García ordenara su reclusión mientras dura la instrucción fiscal del denominado caso Goleada.

En el proceso están implicadas 11 personas, entre ellas los hermanos del alcalde, Antonio y Xavier Álvarez, directivos del club Barcelona SC, así como otros empresarios y funcionarios.

De los investigados, cinco recibieron prisión preventiva —incluidos el alcalde y sus hermanos—, cinco deberán presentarse periódicamente ante la autoridad judicial y tienen prohibición de salida del país, y uno cumplirá arresto domiciliario, según precisó la Fiscalía.

El abogado defensor de Álvarez, Ramiro García, cuestionó la decisión y anunció que apeló la medida.

“No hay ni una sola documentación que demuestre un solo acto de lavado de activos o de delincuencia organizada ni siquiera de comercialización ilícita de combustibles”, declaró.

El movimiento Revolución Ciudadana (RC), que auspició la candidatura de Álvarez, rechazó lo que calificó como “brutal persecución política”.

La organización denunció en un comunicado la existencia de “una estrategia sistemática para silenciar voces críticas, intimidar a líderes electos democráticamente y desviar la atención del país de los verdaderos problemas que hoy lo golpean”.

“Se intenta dejar en la impunidad los verdaderos actos de corrupción de este gobierno, levantando perversas cortinas de humo frente a lo que el país ha evidenciado en los últimos días: la grave penetración del narcotráfico en el sistema de justicia y el deterioro acelerado del Estado de derecho”, advirtió la RC.

Específicamente, el partido opositor se refiere a la coincidencia de la detención del alcalde guayaquileño con el juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico con apoyo del poder Ejecutivo.

Para la docente universitaria Caroline Ávila, se trata de “una estrategia de comunicación brutalista que busca mantener bajo control la agenda pública”.

Desde Guayaquil, el concejo municipal rechazó la decisión judicial y convocó a una “marcha pacífica” este jueves en respaldo al alcalde.

“Marcharemos con paz, pero con firmeza. Esta ciudad no tolera más atropellos ni renuncia a la legalidad como principio”, afirmó la alcaldesa encargada, Tatiana Coronel.

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