Líder indígena de Ecuador pide archivar ley minera y energética

Quito, 16 feb (Prensa Latina) El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, pidió el archivo del proyecto de ley minera y energética impulsado hoy por el Gobierno de Daniel Noboa.

En un video difundido en la red social X, Vargas sostuvo que la iniciativa es “un peligro para el país“ y advirtió que reduce la consulta previa, reemplaza licencias ambientales por simples autorizaciones y facilita concesiones de largo plazo a grandes empresas.

El dirigente indígena señaló que, en un país donde ya existen ríos contaminados con mercurio y cianuro, aprobar la normativa significaría debilitar la capacidad del Estado para proteger la naturaleza.

“Cuando se flexibilizan controles, aumentan la conflictividad, la criminalización y la militarización de los territorios”, alertó.

Asimismo, Vargas afirmó que el proyecto vulnera derechos colectivos y los derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución ecuatoriana, y sostuvo que la Conaie defenderá “el agua que todos tomamos, la vida de nuestras comunidades y el cumplimiento de la Constitución”.

“Esta ley debe archivarse”, enfatizó, al tiempo que llamó a la unidad para proteger el agua, la vida y los territorios.

A inicios de este mes la Conaie ya había alertado sobre los riesgos sociales y ambientales del oficialmente denominado Proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional con carácter económico urgente.

Según el movimiento indígena, la iniciativa prioriza la agilización de inversiones extractivas sin garantizar plenamente la consulta previa, libre e informada, derecho reconocido en la Constitución y en tratados internacionales de derechos humanos.

El Gobierno, por su parte, sostiene que el proyecto busca fortalecer los sectores estratégicos de minería y energía y atraer inversiones.

Además de ese proyecto, el Legislativo ecuatoriano tramita otra iniciativa gubernamental que busca introducir cambios en la forma en que los gobiernos locales administran sus recursos.

Por tener carácter económico urgente, la Asamblea Nacional dispone de 30 días para tramitar las dos propuestas, que deberán ser aprobadas con al menos 77 votos en dos debates cada una.

ro/avr

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