Doce concejales calificaron la operación como un “hecho grave” que vulnera la autonomía municipal y señalaron que no hubo incautaciones ni alteración de la administración.

Los funcionarios municipales comentaron que la intervención excedió la necesidad jurídica y constituye una “intromisión indebida”.

La concejala Cinthia García (Partido Social Cristiano) censuró el método operativo y pidió al Gobierno presentar evidencia sobre su acusación de que Segura EP habría compartido información sensible con grupos delictivos.

El conflicto se originó tras incendios en el centro de Guayaquil los días 11 y 15 de febrero, que motivaron la intervención del Ministerio del Interior por presunta negligencia en la gestión de seguridad.

El ministro del Interior, John Reimberg, justificó la intervención ya que, según apuntó, información sensible de la ciudad estaba en manos de una empresa privada (Telconet) y no en la institución, lo cual favorecería a los grupos criminales.

La alcaldesa subrogante Tatiana Coronel defendió la utilidad de Segura EP y recordó que esa entidad ha sido clave para esclarecer casos como la desaparición tras un operativo militar de cuatro menores del barrio Las Malvinas en 2024 y atentados con explosivos en 2025.

Por su parte, Tomislav Topic, de Telconet, indicó que el servicio de cámaras que su empresa presta a Segura EP, así como a otros clientes, nacionales e internacionales, no se ha apagado ni ha dejado de funcionar.

El expresidente Rafael Correa criticó que se justificara la intervención en Segura EP con excusas técnicas y mencionó la utilidad del sistema de videovigilancia para destapar casos como el que vincula supuestamente a personas ligadas al grupo empresarial de la familia del presidente Daniel Noboa con atentados con explosivos en la urbe costera.

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