De acuerdo con la investigación de un medio internacional compartida en la prensa local, mil 220 personas privadas de libertad perdieron la vida en los centros penitenciarios por diversas causas, entre ellas un brote de tuberculosis.

Al menos 206 reclusos fallecieron en enfrentamientos entre pandillas y otros hechos violentos, frente a 46 en 2024.

Es la cifra más alta desde 2021, cuando 328 reclusos murieron en medio de masacres carcelarias.

Las demás muertes se atribuyen a enfermedades, suicidios y causas indeterminadas, con un aumento del 256 por ciento respecto a 2024.

Tras las masacres de 2021 y 2022, el presidente Noboa convirtió el control de las cárceles en uno de los ejes de su estrategia de seguridad al asumir el cargo en 2023 y, aunque el número de disturbios masivos disminuyó, los fallecimientos continúan.

El Gobierno reconoció el hacinamiento en las prisiones y sostuvo que ha reforzado exámenes médicos y atención sanitaria, sin embargo, son frecuentes las denuncias de muertes por tuberculosis.

En diciembre pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado mejorar las condiciones en la Penitenciaría del Litoral, la más grande del país, donde se reportaron 564 muertes entre enero y septiembre de ese año, 550 clasificadas como naturales o indeterminadas.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad ha señalado que investiga los fallecimientos en coordinación con la Fiscalía, aunque no ha publicado cifras oficiales sobre los decesos.

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