La iniciativa, tramitada como económica urgente a pedido del presidente Daniel Noboa, reforma el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) y el informe para un segundo debate en el pleno del Legislativo fue aprobado este martes en la Comisión de Desarrollo Económico.

El proyecto plantea que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) destinen al menos el 70 por ciento de su presupuesto a obra pública y limiten al 30 por ciento el gasto corriente, con el argumento de garantizar eficiencia y evitar desembolsos en rubros no prioritarios.

En un comunicado, Pachakutik, brazo político del movimiento indígena ecuatoriano, sostuvo que el Ejecutivo promueve una narrativa pública centrada en combatir el despilfarro, mientras impulsa cambios que, según afirma, restringen competencias locales.

La organización política pidió el archivo de la iniciativa al considerar que debilita el modelo de descentralización y el carácter plurinacional del Estado establecido en la Constitución de 2008.

La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe para segundo debate de la ley sin recibir a autoridades locales que solicitaron comparecer, como la prefecta de Pichincha, Paola Pabón.

La oposición, liderada por la Revolución Ciudadana (RC), presentó un informe de minoría que recomendaba el archivo la materia, que de acuerdo con el legislador Diego Salas, impone una “camisa de fuerza”, desconoce las realidades territoriales y podría afectar servicios como recolección de basura, mantenimiento vial y provisión de agua.

La legisladora Mabel Méndez cuestionó que la comisión no haya recibido a autoridades locales ni a representantes de los GAD que solicitaron comparecer para exponer sus observaciones.

La prefecta Pabón solicitó intervenir en la sesión para advertir que la propuesta “contraviene la garantía de autonomía” prevista en la normativa vigente.

También el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, pidió que escuchen sus argumentos y constanten con datos sus preocupaciones.

En su cuenta de X, Muñoz alertó que la reforma generará desatención de los grupos más desfavorecidos y despidos masivos, solamente en la capital mencionó que cinco mil funcionarios pueden quedar sin trabajo.

Si el pleno aprueba la cuestionada norma en el segundo debate, la nueva regla fiscal se aplicará de manera progresiva hasta 2028, bajo supervisión trimestral del Ministerio de Economía.

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