En un discurso pronunciado durante la conferencia “Ciudadanía, Soberanía del Estado y Perspectivas de Futuro”, celebrada en Beirut, el jefe de Gobierno instó a la plena aplicación de la Constitución para garantizar la igualdad y el mérito en los nombramientos de cargos públicos.

Salam subrayó que la Carta Magna estipula la “plena igualdad entre los ciudadanos en derechos y deberes”, principio que, según indicó, se materializa en los ámbitos penal y civil, pero se ve distorsionado en la legislación sobre el estatus personal y en la práctica política y administrativa.

La distribución de cargos políticos y administrativos según la afiliación sectaria contradice el principio constitucional de igualdad, sostuvo.

El primer ministro señaló que los altos cargos han quedado restringidos a las denominadas “sectas mayores”, mientras que las comunidades más pequeñas enfrentan dificultades significativas para acceder al empleo público.

Asimismo, consideró que la aplicación del Artículo 95 de la Constitución fue “distorsionada”, al ampliarse la representación sectaria a la mayoría de los puestos de la administración pública, en lugar de limitarse a los de primera categoría. A su juicio, ello derivó en una disminución de los estándares de competencia y mérito, además de propiciar la expansión del nepotismo y el clientelismo político.

Este sistema, añadió, no solo perjudica el concepto de ciudadanía, sino que también afecta la eficacia de la administración pública y la calidad de los servicios ofrecidos a la población.

El jefe de Gobierno enfatizó que la crisis de ciudadanía en Líbano obedece a la falta de reconocimiento político pleno de los derechos individuales, al margen de la afiliación sectaria, y subrayó la necesidad de superar esa situación para construir un Estado “justo y fuerte”.

El sistema político libanés fue reconfigurado tras el Acuerdo de Taif, firmado en 1989 en Arabia Saudita para poner fin a la guerra civil iniciada en 1975. Dicho acuerdo redistribuyó el poder entre las comunidades religiosas, transfirió prerrogativas del presidente al gabinete y al parlamento, y estableció una división equitativa de los principales cargos entre cristianos y musulmanes.

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