La cifra es superior en 649 siniestros a los que se produjeron el año pasado, lo que hace que las autoridades mantengan el estado de alerta amarilla mientras advierten a pobladores que poner en peligro vidas o propiedades por incendios es delito.
Las estadísticas muestran que ya ocurrieron mil 514 incendios hasta el jueves 19 de febrero de 2026, de los cuales mil 87 ocurrieron en malezas y 60 son catalogados como forestales.
Entre los incendios estructurales destacó uno ocurrido en el Centro Histórico el cual causó cinco muertos, dañó viviendas y destruyó locales considerados patrimonio en el país.
El país es afectado por una fuerte sequía y los llamados vientos norte, aunque las autoridades estiman que los fuegos son producidos principalmente por acciones humanas.
“El artículo 265 del Código Penal establece pena de prisión de tres a seis años para quien provoque incendios que pongan en riesgo la vida de la población y las estructuras”, recordó Solano.
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