A los jueces del máximo tribunal de la nación llegó el alcance que tendría el Título III de la Ley Helms-Burton, que el presidente William Clinton firmó el 12 de marzo de 1996, hace casi tres décadas.

El Título III permitiría entablar demandas de familias y compañías que se considerasen afectadas por el proceso de nacionalizaciones soberanas ocurrido en Cuba después del 1 de enero de 1959.

Sin embargo, por más de dos décadas su aplicación fue mantenida en pausa por sucesivas administraciones de la Casa Blanca hasta que en 2019, en el primer mandato de Trump, tal suspensión expiró dejando el camino abierto a los procesos en las cortes.

Precisamente, este lunes, el Supremo escuchó los argumentos de la compañía petrolera Exxon Mobil, antes Standard Oil Company, que reclamó en el propio 2019 en los tribunales la expropiación de la actual refinería Ñico López de La Habana, así como 117 gasolineras que operaban en el país antes de 1959.

La demanda se interpuso contra la Corporación Cimex y la Unión Cuba Petróleo (Cupet).

Como parte de los argumentos ante el Supremo, el Gobierno insistió en que Estados Unidos tiene “intereses significativos de política exterior” en garantizar que los ciudadanos estadounidenses cuyas propiedades nacionalizadas puedan obtener compensación y así impedir que el Estado cubano -como dicen- continúe beneficiándose de esas «expropiaciones».

La parte demandante dijo que “si leen la Ley Helms-Burton de principio a fin, tendrán una conclusión clara, y es la que ya se mencionó esta mañana: que el Congreso de 1996 quería ejercer una presión diplomática y económica aplastante sobre el gobierno cubano”.

Esto incluye -subrayó- la derogación de la inmunidad soberana de los organismos cubanos en las reclamaciones presentadas al amparo del Título III de dicha Ley. “Si bien es cierto que existen altos estándares para la derogación, este Tribunal ha reiterado una y otra vez que el Congreso no necesita usar palabras mágicas para lograrlo”, enfatizó.

También escuchó los argumentos de Havana Docks contra varias líneas de cruceros, en ambos casos con el apoyo del gobierno federal.

Mientras ello ocurría en la Corte Suprema, muy cerca, un grupo de residentes en esta capital y representantes de organizaciones solidarias denunciaban el daño intencional que sufre el pueblo de Cuba por la agresividad de Washington.

Los asistentes al evento exigieron detener «la guerra petrolera contra Cuba y el ataque de guerra jurídica (lawfare) de Exxon».

Entre los oradores estuvieron Paul Coates, fundador de Black Classic Press; Blake Burdge, autor e investigador; Leonardo Flores, de la Red Venezuela; Basev Sen, director del Proyecto de Justicia Climática del Instituto de Estudios Políticos; Francesca Enmanuele, del CEPR (sigla en inglés de Centro para la Investigación Económica y sobre Políticas), doctor Jaboa Lake, y Cheryl LaBash, de la Red Nacional sobre Cuba.

El pasado 29 de enero, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva que calificó a Cuba como una “amenaza extraordinaria e inusual” para Estados Unidos y para enfrentarla amenazó con imponer aranceles como medida coercitiva contra países independientes y soberanos que ejerzan su derecho económico de vender o suministrar combustible a la nación caribeña.

La excusa oficial para esta orden ejecutiva -que evidencia la extraterritorialidad del bloqueo- “es cumplir con lo dispuesto en la Ley Helms-Burton, que exige al pueblo cubano renunciar a su sistema económico y político como condición previa para levantar la guerra económica unilateral e ilegal contra esa pequeña nación en desarrollo”, subrayó el comunicado.

Recordó el texto que “como resultado, se imponen severas privaciones al pueblo cubano al negarle el acceso a combustible y a la generación de electricidad”.

Pero el viernes, Trump dio algunos pasos en reversa que eliminaron ciertas acciones arancelarias al firmar una nueva orden ejecutiva basado en la autoridad que le otorgan su cargo y “las leyes de los Estados Unidos de América, incluyendo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (50 U.S.C. 1701 y siguientes) (IEEPA), la Ley Nacional de Emergencias (50 U.S.C. 1601 y siguientes) (…)”, subrayó.

Una de las ordenes, la 14380 del 29 de enero, que emitió el presidente en virtud de las supuestas amenazas a Estados Unidos por parte del Gobierno de Cuba, amenazaba con gravámenes coercitivos a todos los países que vendieran petróleo a la nación caribeña.

Las tarifas, al parecer, desaparecen por ahora, pero no la declaración de emergencia respecto a Cuba.

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