El juicio se celebrará en la sede del STF en Brasilia durante tres sesiones –dos este martes y otra el miércoles- y analizará la denuncia presentada por la Procuraduría General de la República contra cinco señalados como autores intelectuales y colaboradores del atentado.
Los imputados incluyen al consejero del Tribunal de Cuentas del Estado de Río de Janeiro Domingos Brazão y el exdiputado federal Chiquinho Brazão, ambos apuntados como supuestos articuladores del crimen.
También están acusados el exjefe de la Policía Civil de Río de Janeiro Rivaldo Barbosa y otros señalados por colaborar en la planificación y ejecución del asesinato.
El juicio será conducido por el relator del caso, el juez Alexandre de Moraes, y participan además los ministros Cármen Lúcia, Cristiano Zanin y Flávio Dino, miembros de la Primera Sala.
La Procuraduría General de la República afirmó haber reunido pruebas para sustentar la condena de los acusados por homicidio calificado y organización criminal, con elementos recopilados que permiten sostener la acusación ante la Corte.
Según la investigación de la Policía Federal, el asesinato de la concejala, ocurrido en la noche del 14 de marzo de 2018, estuvo relacionado con su oposición a los intereses del grupo político liderado por los hermanos Domingo Brazão y Chiquinho Brazão, vinculados a la disputa territorial en zonas controladas por milicias en Río de Janeiro.
Franco fue ultimada junto su chofer, Anderson Gomes, dentro de un automóvil en la región central de Río de Janeiro, mientras su asistente, Fernanda Chaves, quien iba en el asiento trasero, resultó herida por metralla, pero sobrevivió.
Ronnie Lessa y Élcio Vieira de Queiroz fueron arrestados en marzo de 2019, dos días antes del primer aniversario del crimen, y fueron sentenciados en octubre de 2024 como los ejecutores del asesinato.
En tanto, en marzo de 2024, resultaron detenidos los hermanos Brazão como autores intelectuales del hecho, así como el detective Rivaldo Barbosa, sospechoso de participar en la planificación e interferir en la investigación.
La celebración del juicio de estos últimos debe ser seguida con atención a nivel nacional e internacional, por el simbolismo del caso y por su impacto en la lucha contra la impunidad en crímenes que afectan a representantes electos y defensores de derechos humanos en Brasil.
El Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía informó en un comunicado que supervisará este proceso para contribuir al cumplimiento de las garantías, y a la promoción de condiciones adecuadas de seguridad y protección para las familias y comunidades afectadas.
rc/mar
