Según apuntó, el objetivo de la maniobra, a la que calificó de persecución política en medio de una carrera presidencial, es empañar su imagen en medios de comunicación y redes sociales, así como buscar una judicialización en Estados Unidos.

Acusó al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) de intentar relacionarlo con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y con delitos asociados al narcotráfico.

En la campaña en su contra, enfatizó Cepeda, “se utilizan toda clase de mentiras”, como fotografías descontextualizadas de su papel en los procesos de paz, así como el intento de revivir un supuesto archivo extraído del computador de Raúl Reyes, miembro del secretariado de las FARC-EP, sobre el que ya se pronunció la Corte Suprema en torno a las irregularidades en su obtención y en su cadena de custodia.

Reiteró asimismo que por medio de un ardid “sucio y tramposo”, el Consejo Nacional Electoral lo excluyó de la participación de la consulta interpartidista del próximo 8 de marzo.

“Han sido puestas a funcionar toda una serie de campañas, mecanismos, métodos abiertamente ilegales y criminales por parte del uribismo para intentar infligir una derrota al Pacto Histórico”, expuso.

En virtud de esa denuncia, pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que realice un monitoreo especial sobre su caso y requiera al Estado colombiano para que ejecute con carácter urgente la investigación de los hechos y adopte las medidas necesarias para garantizar su vida e integridad y con el fin de que pueda ejercer sus derechos políticos.

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