En declaraciones a la prensa, luego de una reunión en el Palacio Federal Legislativo, el diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela ofreció un balance de la gestión de ese órgano y notificó que de ese total de pedidos más de tres mil fueron ya otorgados.
Explicó la activación del proceso a través del cual la persona que considere puede ser beneficiada por la Ley, debe acudir ante el tribunal con el defensor que lleva su causa para hacer la solicitud, luego el juez examina la causa y “verifica no se trate de ninguno de los hechos excluidos” en la normativa jurídica.
Al respecto, mencionó entre ellos el homicidio intencional, el genocidio, las violaciones graves de los derechos humanos, el narcotráfico, la pedofilia y quienes llamaron a acciones militares contra el país o se confabularon.
Apuntó que si el juez considera el caso improcedente el solicitante puede recurrir a un recurso de apelación, posibilidad que también tienen los familiares de las víctimas.
Arreaza valoró que van a buen ritmo con las personas privadas de libertad, de las que “tranquilamente vamos por encima del 50 por ciento”, en correspondencia con las proyecciones de quienes puedan ser beneficiadas por la Ley, que sancionara de manera unánime la Asamblea Nacional (parlamento) el pasado 19 de febrero.
“Nosotros opinamos que en un periodo de 15 días pueda cumplirse con la inmensa mayoría” de esas solicitudes, lapso que va desde su presentación ante tribunal correspondiente, declaró.
Al referirse a las personas que están residiendo en el exterior y están en algunos de los 13 hechos planteados en el artículo ocho de la Ley y quiera regresar, Arreaza recordó que puede hacerlo sin venir al país a través de un abogado de confianza para gestionar el proceso ante los tribunales.
Refirió -como plantea el artículo siete- que una vez cumplido ese paso las personas en el extranjero pueden retornar al país, acudir a la justicia y se le otorga el correspondiente beneficio.
El legislador anunció que la Comisión Especial del parlamento creó tres subcomisiones: una para dar seguimiento a la Ley de Amnistía; otra vinculada a los casos de trabajadores en el ámbito laboral que, aunque no están relacionados con este instrumento, se tendrán en cuenta.
Una última atenderá casos especiales, en base al artículo 15, que pese a no estar contemplados en los 13 hechos establecidos en el artículo ocho, “son complementarios porque puede haber elementos de la confrontación política” y se podrán articular con el sistema de justicia y el Programa para la Convivencia y la Paz.
Finalmente, agradeció al fiscal general de la República Tarek William Saab; a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Caryslia Rodríguez; a otras autoridades del TSJ; a la Defensoría Pública; y al vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz Diosdado Cabello, entre otros.
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