A solo cuatro semanas de asumir el poder en sustitución de la exmandataria izquierdista Xiomara Castro, el presidente hondureño, Nasry Asfura, del derechista Partido Nacional, encabezó la víspera la primera reunión de gabinete, que marca el arranque formal de la coordinación política y administrativa de su gestión.

De manera preliminar, el ministro de Comunicaciones y Estrategia, José Argueta, reveló que el ejecutivo discute la aprobación de un decreto orientado a la “modernización” del aparato estatal y “reducir” la burocracia.

Entre las primeras medidas propuestas figura la supresión de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento, al considerar que sus funciones duplican competencias ya asignadas al Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados.

Según Argueta, mantener ambas estructuras resulta oneroso para el Estado.

El proceso también contempla la eliminación de las secretarías (ministerios) de Planificación Estratégica y para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos, esta última creada para dar seguimiento a otras dependencias.

Para el titular de Comunicaciones, se trata de estructuras paralelas innecesarias que incrementaron el gasto público sin resultados claros.

Informó que cada secretario de Estado deberá presentar, en un plazo máximo de dos semanas, un informe detallado sobre cómo recibieron financieramente sus instituciones.

Dicho reporte, detalló, deberá incluir la situación financiera, recursos humanos, bienes, ejecución de proyectos y compromisos presupuestarios, con el fin de “ordenar la casa” y avanzar en una planificación estatal más eficiente.

En reemplazo de algunas de las estructuras eliminadas, se creará el Programa Presidencial para el Fortalecimiento y Descentralización, con el propósito de impulsar la Ley de Descentralización y fortalecer la gestión territorial, detalló.

El funcionario reiteró datos divulgados por el ministro de Finanzas, Emilio Hernández, quien señaló que la planilla estatal creció casi 20 mil millones de lempiras (unos 754,7 millones de dólares) en los últimos cuatro años, lo que, a su juicio, confirma la necesidad de una reestructuración administrativa.

Sectores afines al Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) denunciaron que algunos simpatizantes estarían enfrentando medidas laborales impulsadas por la agrupación de Asfura, motivadas por diferencias ideológicas.

A través de su cuenta en X, el expresidente hondureño Manuel Zelaya (2006-2009) anunció el lunes que Libre brindará asesoría jurídica sin costo para sus afiliados que “estén siendo perseguidos, amenazados o despedidos por razones injustas o de sectarismo político”.

El también líder de la agrupación progresista, que gobernó Honduras hasta el pasado 26 de enero, afirmó que los servicios legales de defensa son para garantizar el respeto al derecho al trabajo y a condiciones laborales dignas, como establece la Constitución y la legislación de este país, enfatizó.

“No debemos permitir represalias ni discriminación por pensamiento político. El trabajo es un derecho, no un privilegio”, manifestó el exmandatario en su mensaje.

mem/edu