La normativa, respaldada con 88 votos, contó con el apoyo del oficialismo y de legisladores del Partido Social Cristiano, independientes y un sector de Pachakutik, mientras que la Revolución Ciudadana (RC) votó en contra.

El texto aprobado establece una implementación progresiva en todos los niveles de enseñanza, desde primaria hasta las universidades, de contenidos para fomentar hábitos de consumo responsables y una cultura de administración adecuada de los recursos.

La presidenta de la Comisión de Educación, Cecilia Baltazar, explicó que la propuesta incorpora enfoques de género, interculturalidad y adaptación a distintas edades.

Durante el debate, el legislador de la RC Alejandro Vanegas reconoció que la iniciativa tiene bases técnicas sólidas, aunque advirtió que sus resultados se verán a largo plazo.

Entre los contenidos previstos figuran el uso seguro de plataformas digitales, la protección de datos personales, la identificación de riesgos en entornos virtuales y la prevención de fraudes electrónicos, así como nociones sobre tecnologías emergentes.

La ley también dispone la capacitación continua de docentes y la coordinación entre el sistema educativo y entidades del sector financiero para el desarrollo de los contenidos.

El proyecto deberá pasar ahora al Ejecutivo para su sanción o eventual veto, tras lo cual las autoridades tendrán un plazo de un año para diseñar e implementar la estrategia a nivel nacional.

Analistas señalan que la aplicación de la ley implicará un rediseño curricular complejo y desafíos logísticos, especialmente en zonas rurales, donde persisten brechas en el acceso a educación y servicios financieros.

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