Como resultado del operativo quedó completamente vacío el pabellón cinco de la Penitenciaría del Litoral, la más grande del país, donde se concentraban internos en estado de salud crítico, según confirmaron organizaciones de derechos humanos.

La medida coincidió con la primera inspección en el penal de una Mesa de Emergencia Penitenciaria integrada por la Defensoría del Pueblo, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y representantes de familiares de los internos.

Durante el recorrido por el pabellón siete, la comisión constató hacinamiento extremo, con hasta 12 y 13 personas en celdas diseñadas para cuatro, además de falta de atención médica adecuada y condiciones insalubres persistentes, de acuerdo con reportes de la prensa local.

Datos entregados por el Gobierno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalan que en 2025 murieron 564 personas en este centro carcelario, en su mayoría por enfermedades relacionadas con la falta de atención médica y alimentación.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) estima que la cifra real de fallecidos en 2025 se acerca a 600, mientras que familiares de los reclusos reportan más de 120 muertes en lo que va de 2026.

Billy Navarrete, director del CDH, afirmó que el traslado es una medida positiva porque “al menos unas vidas se pueden salvar”, aunque advirtió que la emergencia continúa tras confirmarse la muerte de un interno un día antes de la visita.

La inspección también evidenció irregularidades en la alimentación, ya que familiares denunciaron que el menú habitual consiste en pequeñas porciones de arroz con mortadela o chorizo, a menudo en mal estado, pese a que durante la visita se repartió calamar de forma excepcional.

Aunque se observó el ingreso de brigadas médicas y camiones con insumos como alcohol, vitaminas y medicinas, las organizaciones advirtieron que estas acciones no pueden limitarse a jornadas de inspección oficial.

En tanto, César Vera Piedra, delegado de la Defensoría del Pueblo, anunció visitas sorpresa para verificar que las mejoras en salud y alimentación se mantengan y confirmó que se presentará un informe ante un juez y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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