El contralor, Mauricio Torres, dispuso que para consultar esta información los solicitantes deben informar el número de su documento de identidad, su fecha de expedición y un correo electrónico.

Frente a ello, asambleístas advirtieron que la medida podría vulnerar el principio constitucional de acceso a la información pública y transparencia, por lo que impulsarán acciones de inconstitucionalidad y solicitarán la comparecencia del funcionario.

El legislador Blasco Luna, del movimiento Revolución Ciudadana (RC), anticipó que desde la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana se pedirá que el contralor explique las razones de la decisión y evalúe su reversión, al considerar que afecta el control ciudadano.

Anunció, además, que presentará junto a otros miembros de la bancada opositora una acción de inconstitucionalidad.

En igual sentido, la también parlamentaria de la RC Paola Cabezas sostuvo que las declaraciones patrimoniales deben ser abiertas para detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito.

Desde el Partido Social Cristiano, el asambleísta Alfredo Serrano coincidió en que la información es pública y no debería condicionarse su consulta, por lo que pidió que la decisión sea revisada.

En contraste, representantes del oficialismo como la presidenta de la Comisión de Transparencia, Diana Jácome, indicó que el tema corresponde a la Contraloría, mientras que el parlamentario Andrés Castillo afirmó que se trata de una decisión del titular del organismo.

Las declaraciones patrimoniales juramentadas son documentos en los que los funcionarios públicos informan, de manera obligatoria, sobre sus bienes, ingresos y deudas.

La decisión de la Contraloría de exigir los datos de quienes quieran conocer esa información se dio poco después que el presidente Daniel Noboa anunció a Jaime Bernabé Erazo como nuevo ministro de Salud, quien de acuerdo con medios locales, tenía un impedimento para ejercer cargos públicos, inhabilitación que fue eliminada.

rc/avr