“He sido notificado que, después de mucho esfuerzo, se ha dado curso a una de las dos demandas que presenté. Luis Revilla tiene 48 horas para transparentar su documentación”, afirmó el también pretendiente al más alto cargo del Ejecutivo departamental Ingvar Ellefsen respecto al postulante por la Alianza Patria Sol de cara a los comicios subnacionales del 22 marzo próximo.
Esta coalición política está integrada por los seguidores del presidente Rodrigo Paz y los miembros del partido Sol.Bo, liderado por Revilla.
De acuerdo con el demandante, Revilla incumple el requisito de residencia material e inmediata durante los dos años previos a la elección, pues no acreditó justificación legal por su ausencia del país.
Recordó Ellefsen que el candidato se declaró en la clandestinidad en 2022, tras un proceso judicial en su contra, y exigió que aclare si permaneció como refugiado político.
Líder de la alianza Somos La Paz y aspirante a la Gobernación paceña, Ingvar Ellefsen insistió en que Revilla no debería ser habilitado como candidato porque presuntamente incumple lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley 026 de Régimen Electoral.
Al respecto, mostró una carta publicada por Revilla en redes sociales en enero de 2022, en la que se declaraba en la clandestinidad para evitar comparecer ante la justicia.
Según la demanda presentada por Somos La Paz, la candidatura de Revilla sería inadmisible por no cumplir con el requisito constitucional de residencia continua en el país y por no contar, según sostiene, con una justificación legal que respalde su ausencia del territorio nacional.
Igualmente, deploró que el exalcalde de La Paz se presente como perseguido político sin exhibir documentación que respalde un eventual estatus de refugio, según indicó.
El exburgomaestre paceño ingresó al país a finales del año pasado tras el triunfo del actual presidente Paz, quien lo recibió junto a su familia.
Según un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), el nombre de Revilla aparece vinculado a movimientos bancarios sospechosos (depósitos y retiros por montos elevados entre 2019 y 2022), discordantes de sus posibilidades económicas.
En 2021, el exdirigente de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz (Fejuve) Jesús Vera lo denunció por un daño económico a la municipalidad paceña de 26,7 millones de bolivianos (casi cuatro millones de dólares) por la compra con sobreprecio de 61 buses denominados PumaKatari para la transportación urbana.
npg/jpm
