En una carta dirigida a la Casa Millon, la titular apeló “a la ética y respeto por el patrimonio cultural” e hizo “un llamado a detener el ofrecimiento y venta de dichas piezas, en consideración de que representan un legado invaluable de las culturas ancestrales y de la historia nacional”.

Se trata, subrayó en nombre del Gobierno de México, de “vestigios que integran el patrimonio histórico y cultural de nuestro país y que constituyen la memoria de los pueblos originarios”.

De acuerdo con la misiva, el Instituto Nacional de Antropología e Historia realizó un dictamen en materia de arqueología a partir del catálogo de la subasta y determinó que 40 de los objetos anunciados constituyen bienes arqueológicos e históricos que forman parte del patrimonio cultural del país.

Esos bienes “son propiedad de la nación, inalienables e imprescriptibles, y su exportación está prohibida desde 1827, por lo que su presencia fuera del territorio nacional deriva de una extracción ilícita”, señaló.

Informó sobre el inicio de los procedimientos jurisdiccionales ante las autoridades pertinentes con relación a la venta en cuestión, con el interés de que las piezas sean repatriadas a este territorio por los canales diplomáticos y legales oficiales.

Curiel expresó su “rotunda desaprobación y rechazo a la venta de piezas que forman parte del patrimonio cultural” de este país.

“México reafirma su compromiso con la protección del patrimonio cultural y la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, en cumplimiento de la legislación nacional y de los tratados internacionales en la materia”, recalca la misiva.

En ese sentido, exhorta a la casa de subastas con sede en París a “reflexionar sobre los códigos éticos y morales que deben regir la comercialización de bienes culturales expoliados, práctica que contribuye al despojo cultural y atenta contra la memoria de los pueblos”.

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