“Es un dolor inmenso, es como si hubiera pasado ayer”, musitó la hija de Raymundo de la Cruz Vega, en el acto de entrega por el Ministerio Público de 17 osamentas encontradas en fosas comunes e identificadas mediante un largo trabajo de investigación forense.

Cada pequeño ataúd blanco contenía una desgarradora historia de víctimas civiles de fuerzas militares y policiales, así como del grupo alzado Sendero Luminoso.

La entrega de los restos constituye un acto de reparación porque permite a los familiares de los caídos ejercer el derecho elemental de dar sepultura a sus familiares muertos.

El acto se realizó en la catedral católica de Huamanga, de la región de Ayacucho, epicentro del conflicto interno (1990–2000) y culminó con un discurso de Lidia Flores, dirigente de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep).

“Así ustedes ya hayan recuperado a sus desaparecidos, aún hay miles esperando por encontrar a sus seres queridos”, dijo sobre la enorme tarea pendiente de exhumar cientos de enterramientos y esclarecer las osamentas muchas veces despedazadas o mutiladas.

El conflicto interno armado dejó un saldo de 22 mil 295 víctimas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renade), en su mayoría civiles, y generalmente sepultadas en fosas comunes ocultas.

De ese total, informes no oficiales estiman que se exhumaron aproximadamente tres mil 600 osamentas, en buena parte pendientes de identificación forense.

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