La administración del nuevo presidente José María Balcázar puso en vigencia por 30 días el decreto respectivo en la ciudad de Lima y la adyacente provincia portuaria de Callao, lo que implica la suspensión de diversas garantías y derechos individuales.

El estado de emergencia se mantiene desde el 21 de octubre de 2025, cuando lo aplicó por el gobernante transitorio José Jerí, destituido por sospechas de corrupción y otros cargos y reemplazado por Balcázar el 18 de febrero último.

Durante ese tiempo, renovable cada mes, la Policía, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, redoblará el patrullaje en las calles y podrá detener personas y allanar domicilios sin el requisito constitucional de la orden de un juez y estarán prohibidas las reuniones y manifestaciones.

La medida fue reclamada en los últimos días por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, aunque no hubo unanimidad entre los alcaldes distritales, pues muchos de zonas de mayor incidencia delictiva, consideran que la medida no solucionará el problema, mientras el gobierno prepara un plan anti-crimen

Jesús Maldonado, titular del municipio limeño de San Juan de Lurigancho, el más poblado del país, dijo que la medida sirve como forma de control paliativo, sin resolver el fondo del problema y casi todos los expertos señalan que la Policía requiere mayor inversión en inteligencia y tecnología.

Los 36 candidatos a la Presidencia y el Parlamento en los comicios del 13 de abril coinciden en consignar como prioridad el problema de la inseguridad ciudadana con dibversas propuestasd, entre las que en muchos casos destacan la reorganización de la Policía, el Podee Judicial y el Ministerio Público.

El experto en estadística delictiva Juan Carbajal, señaló que en Lima y Callao el estado de emergenciano impidió que entre el 22 de octbre de 2025 y el 19 de febrero de 2026, , se registraran 284 homicidios,de los cuales 224 fueron cometidos con armas de fuego.

El Sistema Nacional de Información de Defunciones (Sinadef) reportó que en los dos primeros meses de 2026 se perpetraron 312 homicidios, 134 de ellos ocurridos en Lima.

Sinadef informó que en 2025, el año que muchos consideran el más violento en décadas, verificó que se cometieron dos mil 213 homicidios, un promedio de 6,07 por día, y en 2024 fueron ultimadas dos mil 083 personas.

El alcalde Maldonado dijo también que falta voluntad política para golpear a la delincuencia, pues no se ataca a los sectores empresariales poderosos y citó el ejemplo de la venta indiscriminada de chips telefónicos usados por las organizaciones usados en extorsiones masivas.

Señaló que las autoridades persiguen a los vendedores callejeros que, por necesidad, venden los chips, pero no sancionan a las empresas de telefonía de las que depende que persista el comercio de esos dispositivos sin control.

Solo con un control estricto de la venta de teléfonos y chips, la extorsión quedaría sin su principal herramienta para extorsionar masivamente, pues cada teléfono móvil tendría un dueño registrado al que se podría capturar con celeridad.

El analista Martin Ueda apuntó que el estado de emergencia, si bien puede poner cierto orden en las calles, no logra cumplir el objetivo fundamental y citó el caso de la norteña ciudad de Trujillo, que está sometida a más de un año de estado de emergencia, sin poder contener la criminalidad.

Advirtió que no se trata de pandillas u otro tipo de delincuentes, sino de estructuras criminales que trabajan con elementos de información de inteligencia y atacan sorpresivamente.

El ex ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, calificó recientemente que el estado de emergencia no ha logrado reducir las extorsiones ni los homicidios y tampoco afectó a las bandas organizadas.

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