La hija del exmandatario Rodrigo Duterte ya enfrentó un intento similar el año anterior, desestimado por la Corte Suprema por fallas de procedimiento.

En esta ocasión, el comité de justicia de la Cámara examinará tres denuncias que la acusan de uso indebido de fondos públicos, pocos días después de que la vicepresidenta hiciera públicas sus aspiraciones presidenciales para la próxima contienda electoral.

En junio de 2024, Duterte era titular del Departamento de Educación y se vio forzada a dimitir en medio de acusaciones de uso indebido de 254 millones de pesos, equivalentes a unos 4,3 millones de dólares, procedentes de los fondos confidenciales de esa entidad estatal.

A los seis meses (en diciembre de 2024), su afirmación de haber dado órdenes de matar al presidente del país, Ferdinand Marcos Jr., si ella misma era asesinada, desató gran polémica y fue tomada como una amenaza por el máximo gobernante filipino, hijo de otro jefe de Estado del mismo nombre.

Ambos son vistos como representantes de dos dinastías políticas en pugna.

Duterte ha sido bastante crítica con la detención y traslado a La Haya (Países Bajos) de su padre, acusado de crímenes contra la humanidad en la Corte Penal Internacional, un arresto en el cual colaboró el actual jefe de Estado.

Marcos Jr. ha insistido en que el gobierno filipino está obligado a cooperar con la Organización Internacional de Policía, conocida como Interpol.

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