La primera línea se centra en las denuncias y canales de información, “porque ningún Estado puede combatir lo que no logra escuchar. Y ninguna víctima denuncia si siente que hacerlo la deja más expuesta que protegida”, explicó el ministro de Gobernación del país, Marco Antonio Villeda.

El segundo eje se refiere al papel de la sociedad civil y acompañamiento a las víctimas. “La respuesta institucional necesita fuerza operativa, pero también tejido social, acompañamiento y legitimidad”, amplió el titular, citado por el estatal Diario de CentroAmérica.

Por último, la investigación criminal e inteligencia técnica, porque “frente a estructuras que mutan, se adaptan y se coordinan, la respuesta debe ser igualmente inteligente, técnica y persistente”, subrayó el funcionario.

En la cita, organizada por la Unión Europea y también con presencia de investigadores y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Sistema Penitenciario (SP), los presentes discutieron sobre el componente carcelario.

“Cuando un centro penitenciario se convierte en una plataforma de operación criminal, se distorsiona la finalidad del sistema y se agrava el daño hacia fuera”, explicó Villeda.

El SP debe contribuir a la seguridad de la nación y no convertirse en una amenaza para ella, sentenció la autoridad.

Detalló que en las jornadas de trabajo también se establecieron acciones prioritarias: mejorar mecanismos confiables para recibir información; así como proteger a la víctima antes, durante y después del proceso.

Asimismo, acotó, articular investigación criminal e inteligencia penitenciaria efectiva, y robustecer controles, tecnología y profesionalización dentro del sistema penitenciario.

“Combatir la extorsión es defender el derecho de una persona a trabajar sin miedo, a emprender sin amenaza y a vivir con dignidad”, argumentó el ministro de la cartera de Interior.

Al evento asistieron representantes de Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Italia y México, de la sociedad civil, tanto europea como guatemalteca.

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