Las terminales eran administradas antes por Panamá Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, con base en Hong Kong, y eran centro de controversias por amenazas del presidente Donald Trump de retomar la vía interoceánica bajo supuesta influencia china, lo que negaron las autoridades.
Pero tras una auditoria integral y un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que anuló el contrato de concesión a PPC, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) tomó el control de ambos puertos.
Ello permitió que ahora Balboa, que en 2025 movió 2,67 millones de contenedores; y Cristóbal (1,21 millones) , lo que en conjunto representa el 38 por ciento del sistema, reanudaran sus labores.
Según se conoció, Terminales APM Panamá, filial de la danesa Maerks y que desde el lunes pasado opera Balboa, detalló que concluyó la preparación del 100 por ciento del personal y realizó más de tres mil 900 movimientos en cinco portacontenedores.
Por su parte, en Cristóbal, en la caribeña provincia de Colón, comenzaron a movilizarse bajo la operación del operador transitorio Terminal Investment Limited (TIL).
La AMP reportó que durante la jornada del viernes se completaron un total de 454 movimientos de carga, marcando la reanudación de las actividades tras semanas de operaciones limitadas.
La garita permanece abierta desde el 27 de febrero, permitiendo exportaciones, vacíos e importaciones’, agregó la Presidencia.
Balboa y Cristóbal fueron intervenidos el pasado 23 de febrero por la AMP, que ese mismo día entregó su operación transitoria, por hasta 18 meses, a APM Terminals y Terminal Investment Limited (TiL), el brazo de terminales de la Mediterranean Shipping Company (MSC), respectivamente.
Las autoridades locales señalaron en su momento que escogieron a APM Terminal porque más del 80 por ciento de los contenedores que se mueven en Balboa son de Maersk ; y a TIL porque más del 90 por ciento de la carga que pasa por Cristóbal es de MSC, y la idea es mantener intacta la cadena de suministros.
Para el Supremo, el argumento que más pesó para anular el contrato de concesión a la empresa PPC fue la afectación a la soberanía, tras falta de equilibrio económico en detrimento del Estado.
La AMP destacó que la reactivación busca asegurar la movilización de la carga nacional e internacional, mientras se normaliza el proceso de transición entre empresas concesionarias.
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