Varios medios señalan que los expertos encontraron la evidencia en celulares del empresario cripto argentino Mauricio Novelli; son copias de supuestas versiones preliminares de un acuerdo firmado en 2025 entre Milei y Davis. El documento, negado por el Gobierno y que implica más al presidente en el multimillonario robo, pasó a integrar los anexos reservados del expediente.
Un centenar personas perdieron en minutos decenas de millones de dólares. Davis, el principal encartado, junto a dos o tres allegados crearon la criptomoneda falsa $Libra que el mandatario argentino se encargó de promover en sus redes.
El hallazgo motivó pedidos de información a la Casa Rosada a la cual Novelli tenía prácticamente libre acceso y estaba en contacto con la secretaria de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei.
Ámbito Argentino que citó fuentes de la investigación señala en su versión digital que esos borradores estaban en uno de los dispositivos electrónicos secuestrados al empresario Novelli, imputado en la causa.
En el expediente consta el dictamen de la Dirección de Apoyo Tecnológico de Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal que da cuenta de varias copias de un borrador de ese supuesto acuerdo firmado el 30 de enero de 2025, dos semanas antes de que Milei promoviera $Libra, y que hasta ahora el gobierno lo negaba.
En base a esos datos, el fiscal Eduardo Taiano solicitó a la Casa Rosada que le informe si tiene conocimiento de ese acuerdo o copias del mismo.
El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) formuló requerimientos formales de acceso a la información pública, necesarias para la pesquisa, ante la Procuración del Tesoro de la Nación, la Secretaría Legal y Técnica, la Secretaría General de la Presidencia y la Oficina Anticorrupción.
Las respuestas oficiales brindadas por la Secretaría general de la Presidencia y la Procuración del Tesoro de la Nación llevan a suponer que, el acuerdo difundido por medios de prensa, “se habría celebrado a espaldas a la estructura jurídica oficial del Poder Ejecutivo”, indicaron desde el organismo. De ser así, no estaríamos ante un acuerdo confidencial sino oculto, es decir clandestino, advirtieron desde el Cipce.
Pedro Biscay, Director Ejecutivo del CIPCE, enfatizó la necesidad de actuar adoptando decisiones trascendentes desde el punto de vista de la instrucción, lleva a concluir que resulta conveniente convocar al Presidente a prestar declaración indagatoria.
“No hacerlo pone en juego la responsabilidad internacional del Estado al no cumplir con compromisos como el asumido en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”. recalcó.
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