La presidenta encargada de la Asamblea Nacional (Parlamento), Mishel Mancheno, convocó al pleno este viernes 13 de marzo para tratar el fallo emitido por la Corte Constitucional.

El organismo judicial declaró al Estado ecuatoriano como responsable por la desaparición forzada de los niños Josué, Ismael, Steven y Nehemías, ocurrida tras un operativo militar el 8 de diciembre de 2024, en el sur de Guayaquil.

Entre las medidas de reparación ordenadas por la Corte figura que la Asamblea emita una resolución para declarar esa fecha como día nacional de conmemoración en memoria de los cuatro menores.

La sentencia también ordena al Parlamento realizar reformas a la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas en un plazo máximo de un año.

Entre los cambios que deberán incorporarse figura la presunción de desaparición forzada cuando existan indicios de participación de agentes del Estado, así como la obligación de realizar investigaciones urgentes y de oficio.

Además, se establece la prohibición expresa de utilizar la reserva de información para negar o retrasar la entrega de datos a los familiares durante las investigaciones.

En su resolución, la Corte determinó que las autoridades judiciales vulneraron el derecho al debido proceso al no analizar de forma integral la detención denunciada ni responder adecuadamente a las pretensiones planteadas por los familiares.

Tras examinar el fondo del caso, el tribunal concluyó que los menores fueron privados de la libertad de forma ilegal, arbitraria e ilegítima por patrullas militares subordinadas al Ministerio de Defensa del Ecuador y a la Fuerza Aérea Ecuatoriana.

Según la sentencia, el Estado no proporcionó información inmediata, satisfactoria ni convincente sobre la detención ni sobre el paradero de los niños, lo que llevó al tribunal a declarar constitucionalmente que fueron víctimas de desaparición forzada.

La Corte sostuvo que lo ocurrido constituye “una de las violaciones más graves y reprochables del orden constitucional e internacional de los derechos humanos”.

Asimismo, recordó que incluso en contextos de inseguridad o estados de excepción los derechos a la vida y a la integridad personal no pueden suspenderse.

Como parte de las medidas de reparación integral, la sentencia ordena la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpas por parte del Estado, encabezado por el comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y con difusión pública nacional.

La decisión judicial, divulgada el pasado martes, no sustituye las investigaciones penales en curso, mediante las cuales 11 militares ya fueron condenados a 34 años de prisión por su participación en los hechos.

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