La decisión encarga al Ministerio de Relaciones Exteriores ejecutar los procedimientos para concretar el retiro unilateral del país sudamericano de este mecanismo intergubernamental con sede en Ginebra.
El Centro del Sur, creado en 1995, agrupa a países en desarrollo y tiene como objetivo asesorar en negociaciones internacionales y generar investigación estratégica para la defensa de intereses comunes.
Ecuador se incorporó el 11 de junio de 2011, durante el gobierno de Rafael Correa, con el argumento de fortalecer la cooperación sur-sur y consolidar posiciones conjuntas en foros globales.
El Gobierno de Noboa sostiene que los insumos técnicos del organismo pueden obtenerse por otras vías oficiales, lo que reduce el valor práctico de la membresía.
Medios locales señalaron este jueves que la afiliación implicaba un aporte anual de 55 mil dólares, obligación que no se cumple desde 2017 y que generó una deuda acumulada, en un contexto de restricciones fiscales que llevó a calificar el gasto como oneroso.
El proceso de salida se inició en mayo de 2023, durante el Gobierno de Guillermo Lasso (2021-2023), cuando la entonces Secretaría Jurídica de la Presidencia emitió un informe favorable a la denuncia del tratado.
Posteriormente, la Corte Constitucional validó el procedimiento, aunque determinó que debía contar con la aprobación de la Asamblea Nacional.
El Legislativo dio luz verde el 30 de septiembre de 2024 con los votos de las bancadas de Acción Democrática Nacional (ADN), Partido Social Cristiano (PSC) y Construye, mientras que la Revolución Ciudadana (RC) votó en contra.
Estamos tomando decisiones sin sentido que rompen la integración del país con la región, afirmó este jueves el asambleísta Héctor Rodríguez, de la RC, quien en declaraciones a la prensa advirtió sobre posibles impactos en la cooperación regional.
En su opinión, la administración de Noboa busca reaccionar al estilo de las políticas de Estados Unidos y su mandatario, Donald Trump.
El Ejecutivo ha señalado que la salida no implica perjuicios para el país, al no tratarse de un acuerdo comercial o económico, mientras que analistas consideran que la decisión refleja una reorientación de la política exterior ecuatoriana.
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