Las declaraciones se dieron este jueves durante un acto en la sureña provincia de Azuay, dedicado al inicio de los trabajos de rehabilitación de la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme, una inversión de 21,8 millones de dólares para una de las principales conexiones entre la sierra y la costa.

En su intervención, el mandatario insistió en que su estrategia contra el narcotráfico y otras actividades ilícitas no se limitará a las bandas delictivas, sino que también alcanzará a quienes, según dijo, facilitan su accionar desde el ámbito político y judicial.

“Yo jamás, pero jamás retrocedo. Yo jamás dejo que ni con piedras, ni con cohetes, ni a bala, a mí me corretean. Yo camino para adelante, y si recibo uno o dos golpes, golpeo cinco veces más”, declaró el gobernante, para quien el combate a la inseguridad incluye a funcionarios que “sueltan a los criminales” tras su captura.

“Y esa ayuda también que reciben de políticos se va a acabar. Esa es la forma integral de atacar el negocio ilícito y la forma integral de acabar con la inseguridad en este país”, advirtió.

Las afirmaciones de Noboa se producen en el contexto de un toque de queda nocturno en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, así como operativos militares y policiales contra estructuras del crimen organizado con apoyo de Estados Unidos. En los últimos días de restricción de movilidad en esos cuatro territorios, las autoridades han reportado más de 500 detenidos, decomiso de armas y la intervención de infraestructuras utilizadas por organizaciones delictivas.

En paralelo, Noboa cuestionó en su cuenta de X presuntas decisiones de autoridades locales en la provincia de Los Ríos, una de las más afectadas por la violencia y donde, según el gobernante “hay quienes han decidido expulsarlas de puntos estratégicos”.

Finalmente, el jefe de Estado ordenó el regreso de las tropas a Quevedo, capital de Los Ríos, “con la única misión de salvaguardar la integridad de los ecuatorianos y dar batalla a quienes intentan destruir nuestro país”.

Las acciones en materia de seguridad se enmarcan en lo que el Gobierno define como una nueva fase de la lucha contra la violencia de bandas criminales, tras registrar en 2025 más de nueve mil muertes violentas, la cifra más alta en la historia del país y la mayor tasa de homicidios de Latinoamérica.

Sin embargo, analistas y ciudadanos consideran que los estados de excepción, la militarización y los toque de queda se vienen aplicando hace varios años sin que existan resultados concretos en cuanto a la reducción de los índices de violencia en el país.

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