El presidente Daniel Noboa y su equipo defendieron la iniciativa como una salida para aliviar la presión de los gravámenes impuesta por Washington y facilitar la entrada de productos ecuatorianos al mercado estadounidense sin sobretasa arancelaria.

Xavier Rosero, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), señaló que el ACR puede abrir oportunidades para tecnificar cadenas productivas y acceder a insumos, materiales intermedios y bienes de capital importados desde Estados Unidos.

Sin embargo, economistas citados en la prensa local, como Alberto Acosta Burneo, sostienen que el convenio beneficia mucho más a la nación norteña que a Ecuador e incluye compromisos que van más allá de los impuestos.

“No es un Tratado de Libre Comercio (TLC) estándar, porque ahí lo normal es que ambos países abran sus mercados. En este caso, Ecuador abre su mercado y Estados Unidos lo cierra”, señaló.

Un análisis del Centro de Estudios para el Desarrollo (Cordes) coincide en que el acuerdo es asimétrico y advierte que Ecuador daría beneficios permanentes para Estados Unidos, mientras los que otorga el país norteamericano podrían ser solo temporales.

Por ejemplo, según el Artículo 5.1 de la sección sobre economía y seguridad nacional, Ecuador deberá regular la importación de bienes o servicios siguiendo medidas similares a las de Estados Unidos cuando este imponga aranceles o restricciones.

Para José Hidalgo, director de Cordes, “lo que le convenga a Estados Unidos no siempre es lo mismo que le conviene al Ecuador. Es difícil entender por qué un país sometería parte de su política comercial a decisiones de un tercero”.

El tratado contempla la eliminación progresiva de aranceles a productos agrícolas de Estados Unidos, incluyendo maíz, lácteos, carne de cerdo y pollo, con cuotas libres de impuestos para exportadores estadounidenses.

El también economista Santiago Machado advirtió que estas medidas podrían afectar a la agricultura familiar, presionar precios a la baja y aumentar la dependencia alimentaria, en contradicción con el artículo 281 de la Constitución sobre soberanía alimentaria.

Productores porcícolas ecuatorianos dijeron en un comunicado que temen una caída en sus ventas debido a la competencia de carne estadounidense, más barata por menores costos de producción.

De entrar en vigor el acuerdo, firmado el pasado 13 de marzo, Ecuador también deberá reformar su sistema de licencias de importación, reconocer certificaciones sanitarias estadounidenses y aceptar estándares técnicos para vehículos, autopartes y medicamentos, reduciendo controles adicionales de registro e inspección.

A su vez, el ACR abre el acceso a productos ecuatorianos a Estados Unidos, pero bajo condiciones limitadas y sujetas a su legislación interna, según las advertencias de expertos.

En materia de inversión, Ecuador permitirá la entrada de capital estadounidense en sectores estratégicos como telecomunicaciones, transporte e infraestructura, en condiciones no menos favorables que a terceros países.

De acuerdo con lo pactado, Ecuador deberá abrir licitaciones para proyectos energéticos, incluida la concesión petrolera del campo petrolero Sacha, futura generación eléctrica y extracción de minerales críticos.

Estados Unidos, en cambio, se compromete solo a “considerar” apoyo financiero a proyectos en Ecuador, mostrando una asimetría material entre las obligaciones de ambos países.

El tratado también incluye cooperación con Estados Unidos en sanciones y controles de exportación, así como temas que van más allá de lo comercial como política migratoria y transferencia de autoridad de la agencia espacial al control civil para mayor participación estadounidense.

A eso se suman temas laborales, como el convenio de reducir de 30 a 10 el número mínimo para crear un sindicato en Ecuador y otras medidas que para dirigentes de los trabajadores han sido peticiones de hace años, incluso de la Organización Internacional del Trabajo.

A juicio de abogados, con eso Estados Unidos sería para evitar que Ecuador se convierta en una maquila donde la mano de obra sea muy baja.

La presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, Marcela Arellano, no cree que un acuerdo de estas características pueda detener la práctica antisindical del país.

Ante tantas dudas y preocupaciones relacionadas con el ACR, el paso del documento por la Corte Constitucional, como requisito antes de su entrada en vigor, será clave, además de la revisión de la Asamblea Nacional (Parlamento).

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