El proceso, suspendido el pasado 10 de marzo tras un pedido del ministro Nunes Marques, se reanuda con un conteo parcial de dos votos a favor de la condena, emitidos por la relatora Isabel Gallotti y el magistrado Antonio Carlos Ferreira.
De confirmarse esa tendencia, Castro, del Partido Liberal (PL) podría ser inhabilitado por ocho años, aunque aún restan los votos de cinco jueces, lo que mantiene abierto el desenlace del caso.
Si el Tribunal opta por una pena más leve, podrá conservar sus derechos políticos y continuar en la arena electoral, indicó al respecto el portal CartaCapital.
Este lunes, en la víspera de la reanudación del juicio, Castro presentó su renuncia al cargo de gobernador, una medida que, según Brasil 247, tiene como objetivo evitar daños al PL en el estado y preservar su imagen de cara a las elecciones de octubre próximo.
Durante su despedida ayer en un acto en el Palacio Guanabara, afirmó que deja el cargo, para el cual fue reelegido en 2022, “con la cabeza en alto”, y manifestó su intención de presentarse como candidato al Senado por Río de Janeiro.
La causa analizada en el TSE señala que el exgobernador habría participado en un esquema de uso irregular de fondos a través de la Fundación Centro Estatal de Estadísticas, Investigaciones y Formación de Servidores Públicos de Río de Janeiro y la Universidad del Estado de Río de Janeiro (Uerj), con el objetivo de fortalecer su candidatura.
Entre los programas bajo investigación figuran iniciativas sociales como Esporte Presente, Casa do Trabalhador, RJ para Todos y Cultura para Todos, así como proyectos vinculados a la Uerj.
Anteriormente el Tribunal Regional Electoral de Río de Janeiro reconoció irregularidades administrativas en dichas entidades, pero consideró que no tuvieron impacto directo en el resultado electoral.
Tras la salida de Castro del cargo, el presidente del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro asumirá de forma interina al frente del Ejecutivo estadual y deberá convocar en breve a una elección indirecta en la Asamblea Legislativa para designar a un gobernador provisional hasta los comicios de octubre.
El caso ocurre en un contexto de creciente presión sobre el TSE para resolver procesos similares, como el del gobernador de Roraima, Antonio Denarium, también investigado por presuntas irregularidades durante la campaña de 2022, apuntó Brasil 247.
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