Los resultados son elocuentes. Por ejemplo, en lo que va del año 2026 el país promedia 0.19 homicidios por día, cuando en marzo de 2022 en solo un fin de semana murieron más de 80 salvadoreños a manos de las pandillas o maras.

Sin dudas, y así lo reflejan encuestas de opinión, al llegar el 27 de marzo el gobierno del presidente Nayib Bukele exhibe el palmarés de convertir a uno de los países más inseguros del mundo en el más seguro del hemisferio occidental, tras la medida extraordinaria aprobada por la Asamblea Legislativa.

La cifras en lo que va de año muestran que en enero se registró un promedio de 0.12 homicidios diarios, en febrero 0.17, y en lo que va de marzo 0.31, lo cual debe incrementar el apoyo popular al gobierno.

Los críticos dicen que los salvadoreños cedieron derecho a cambio de seguridad, algo que tal vez sea cierto, pero satisface salir a las calles sin temor a ser asesinado, extorsionado o abusado por las pandillas.

El régimen de excepción en El Salvador contaba en enero de este año con un respaldo mayoritario de la ciudadanía que rondaba el 90 por ciento, según diversas encuestas de opinión pública nacionales.

Un muestreo de Cid Gallup de febrero encontró que la seguridad fue el área mejor calificada con el 95 por ciento de éxito. La población percibe que las estrategias gubernamentales erradicaron la violencia que históricamente afectó al país.

Tanto aquí como en el exterior son muchos los que consideran que lo logrado por el gobierno es “un milagro”, pues pocos apostaban que Bukele saliera airoso en el enfrentamiento a estos grupos calificados de terroristas por la Constitución salvadoreña.

Pese a ser blanco de severas críticas de opositores, organizaciones defensoras de derechos humanos locales e internacionales, la normativa parece que se mantendrá hasta que «sea apresado el último pandillero», según el mensaje oficial.

Recientes encuestas, una de Cid Gallup y otra de la Universidad Centroamericana (UCA) mostraron que la mayoría de la población (96 por ciento) pide su continuidad, pese a críticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organismos internacionales.

A cuatro año de aprobada por la Asamblea Legislativa a solicitud de Bukele, inicialmente por 30 días, la normativa fue prorrogada de forma mensual y hasta ahora llevó tras las rejas a cerca de 91 mil personas, presuntos pandilleros y colaboradores.

“¿Cuándo vamos a quitarlo? ¿Cuándo lo pida la ONU, Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales o cuando lo pida el pueblo salvadoreño?”, dijo recientemente el vicemandatario Félix Ulloa.

“No hay una obra humana que sea perfecta, se han cometido errores, se han capturado inocentes, pero cuando se han capturado inocentes han sido liberados”, afirmó Ulloa destacando que cerca de ocho mil personas ya recuperaron su libertad.

Mención aparte es que la popularidad del gobierno de Bukele está cimentada en la aprobación de un régimen de excepción que redujo drásticamente la criminalidad en el país mediante la detención y procesamiento masivo de personas integrantes de pandillas.

Ahora, a cuatro años de su vigencia, solo el pueblo puede variar el rumbo, aunque es difícil que en la vuelta a las urnas, en febrero de 2027, Bukele salga por la puerta de atrás de la Casa Presidencial.

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