El escenario actual es resultado de una sucesión de hechos que, en pocos días desarticularon completamente el orden político del territorio, luego de la renuncia del exgobernador Cláudio Castro y su posterior inhabilitación política.

Castro dimitió el 23 de marzo, en vísperas de un fallo del Tribunal Superior Electoral (TSE), que al día siguiente lo declaró inelegible por ocho años al considerarlo responsable de abuso de poder político y económico en las elecciones de 2022.

La decisión judicial también alcanzó a otras figuras clave del sistema político fluminense, como el diputado Rodrigo Bacellar, entonces presidente de la Asamblea Legislativa (Alerj), lo que agravó la ruptura de la línea sucesoria.

A esta situación se sumó un elemento previo, pues, desde mayo de 2025 el estado carecía de vicegobernador, tras la salida de Thiago Pampolha de ese cargo para asumir funciones en el Tribunal de Cuentas estadual.

De este modo, la cadena institucional quedó completamente fragmentada, sin gobernador, sin vicegobernador y con el presidente del legislativo apartado o inhabilitado.

Ante ese vacío, el mando del estado pasó de forma interina al presidente del Tribunal de Justicia, Ricardo Couto de Castro, quien asumió como gobernador provisional mientras se define el mecanismo de sucesión.

Sin embargo, lejos de resolverse, la crisis se profundizó cuando este 26 de marzo la Alerj intentó elegir su nuevo presidente, quien será la figura encargada de organizar y conducir la elección del próximo gobernador

En un primer momento, el diputado Douglas Ruas fue elegido para encabezar la Asamblea en una votación cuestionada por la oposición, que denunció irregularidades en la convocatoria.

Horas después, la Justicia estadual anuló esa elección, al considerar que debía esperarse la recomposición oficial del parlamento tras la redistribución de escaños derivada de la anulación de votos de Bacellar.

Según reportes de medios como CNN Brasil y G1, el Tribunal de Justicia determinó que el proceso legislativo no puede avanzar hasta que el Tribunal Regional Electoral vuelva a calcular la composición de la Alerj, lo que impacta directamente en la legitimidad de cualquier elección interna y, por extensión, en la designación del futuro gobernador.

Más allá de este impacto, el trasfondo de la crisis revela una dinámica más profunda, porque la inhabilitación de Castro respondió a investigaciones sobre el uso irregular de recursos públicos durante la campaña de 2022.

Los señalamientos en su contra incluyeron presuntos desvíos a través de organismos estatales y la contratación masiva sin concurso, prácticas que, según la justicia electoral, comprometieron la equidad del proceso.

Al mismo tiempo, la caída sucesiva de figuras en la línea de mando ha configurado un escenario excepcional en el que el estado podría tener múltiples gobernadores en pocas semanas.

En este contexto, el desenlace de la crisis depende ahora también de las definiciones del Supremo Tribunal Federal (STF), que analiza las reglas de la elección para el mandato transitorio.

La corte ya alcanzó mayoría preliminar a favor de que la votación en la Alerj sea secreta, en contraste con la modalidad abierta prevista inicialmente por la legislación estadual, en un intento por resguardar la libertad de los diputados ante posibles presiones.

Asimismo, los magistrados debaten el plazo que tienen los candidatos para dejar sus cargos antes de postularse, con posiciones divididas entre mantener el límite de 24 horas fijado por la ley local o aplicar el criterio de seis meses establecido en la legislación nacional.

Incluso el propio modelo de elección sigue bajo tensión jurídica, ya que, aunque el TSE se inclinó por un mecanismo indirecto, a través de la Asamblea Legislativa, existen posiciones dentro del STF que defienden la realización de comicios directos, lo que prolonga la incertidumbre.

De esta manera, la definición del poder en Río de Janeiro permanece condicionada por una compleja interacción entre decisiones judiciales, composición legislativa y reglas electorales aún en disputa, lo que agrava la situación política en uno de los principales estados de Brasil.

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