Los hechos fueron revelados por una investigación del periódico, que analizó 25 boletines de ocurrencia relacionados con muertes derivadas de intervenciones policiales ocurridas durante el último mes en la capital paulista.

En cinco de ellos, los agentes reconocieron haber activado los equipos después de los disparos, lo cual contradice una directriz de la Policía Militar vigente desde julio de 2025, que establece como obligatorio el uso de las cámaras en 16 situaciones, entre ellas abordajes, operaciones y fiscalizaciones.

Los agentes alegaron distintas razones para la ausencia de imágenes, incluido el accionamiento tardío, problemas de batería y fallas en el sistema de la empresa Motorola. En uno de los casos, incluso, ningún policía llevaba una cámara operacional.

La Defensoría Pública de São Paulo informó al diario que ha identificado casos sin grabaciones de los abordajes, entrega incompleta de videos solicitados y activación tardía de los equipos. Desde julio de 2025, el organismo remitió ocho oficios a las autoridades competentes.

Uno de los casos ocurrió el 30 de julio en Pedreira, zona sur de la capital, durante una operación de la Policía Militar en apoyo a la Policía Federal. Según los agentes, Eduardo Silva Cezar, de 39 años, reaccionó a tiros y murió baleado.

Una testigo declaró haber escuchado al hombre gritar “no me mate” antes de los disparos, pero las imágenes solicitadas por un delegado solo mostraban al hombre herido después del enfrentamiento y el policía civil responsable del registro afirmó que no era la primera vez que agentes activaban las cámaras después de un enfrentamiento.

Otro episodio ocurrió el 13 de julio, cuando el pastor evangélico José Carlos da Rocha Sobrinho, de 42 años, murió durante una intervención policial en la zona este de São Paulo. Según uno de los agentes, la cámara fue activada únicamente después de los disparos, en tanto familiares cuestionaron la versión policial y reclamaron acceso a las imágenes.

El modelo actual de cámaras fue implementado durante la gestión del gobernador Tarcísio de Freitas y sustituyó el sistema de grabación continua por uno que permite activación manual, además de mecanismos remoto y automático.

La Secretaría de Seguridad Pública afirma que el programa cuenta actualmente con 15 mil equipos y tres formas de activación: manual, remota desde la central policial y automática mediante Bluetooth, en un radio de hasta 20 metros.

Especialistas advierten que las dificultades con las cámaras pueden debilitar una herramienta que ha demostrado efectos sobre la reducción de la letalidad policial.

Un estudio de la Fundación Getulio Vargas encontró una disminución promedio de 57 por ciento en las muertes derivadas de intervenciones policiales en las unidades donde se implementó la tecnología.

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