El mandatario Luis Abinader explicó que la nación enfrenta un “choque externo de gran magnitud” por el alza internacional del petróleo, lo que obligará a aplicar ajustes graduales en tarifas eléctricas, transporte y algunos alimentos para preservar la estabilidad macroeconómica.

Aseguró que el Gobierno asumirá gran parte del impacto mediante subsidios a combustibles, fertilizantes y programas sociales, además de proteger a los sectores más vulnerables.

Sin embargo, organizaciones políticas como el opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Frente Amplio (FA) cuestionaron las medidas, al considerar que trasladan una carga excesiva a la población.

El PLD propuso un plan nacional de austeridad para reducir gastos estatales no prioritarios, mientras el FA criticó los aumentos en los combustibles y advirtió sobre su impacto en el costo de la vida.

Desde la sociedad civil, entidades como el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) llamaron a la prudencia y al ahorro, aunque alertaron que la clase media será una de las más afectadas.

En tanto, el Observatorio para la Protección del Consumidor (Onpeco) sugirió congelar temporalmente los impuestos a los combustibles para aliviar la presión sobre los precios.

Por su parte, sectores productivos como la industria de la harina y los productores agropecuarios advirtieron posibles incrementos en sus productos debido al encarecimiento de insumos, aunque valoraron medidas como el subsidio a fertilizantes y pidieron políticas más integrales para sostener la producción nacional.

El Gobierno insistió en que la economía dominicana se mantiene sólida y que las medidas buscan evitar un mayor deterioro fiscal, en un contexto en el que el país importa la totalidad de los combustibles que consume.

No obstante, la oposición y diversos sectores coinciden en que la coyuntura requiere respuestas más estructurales para reducir la dependencia externa y proteger el poder adquisitivo de la población.

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