El dictamen, difundido este martes, concluye que la propuesta del mandatario cumple con los requisitos de claridad, coherencia y neutralidad exigidos por la ley.

El organismo avaló el proceso, aunque condicionó su avance a la corrección de un error formal en el texto normativo propuesto.

Una vez subsanado ese punto, el Ejecutivo podrá emitir el decreto correspondiente para convocar a las urnas y notificar al Consejo Nacional Electoral (CNE), que deberá organizar el proceso.

La pregunta que aparecería en la papeleta en caso de que finalmente se convoque al proceso consultivo propone eliminar la atribución del Cpccs para designar autoridades y pasar responsabilidad a la Asamblea Nacional.

De aprobarse la enmienda, el Parlamento pasaría a designar a los titulares de entidades de control, como la Fiscalía General del Estado, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de la Judicatura, el propio CNE y el Tribunal Contencioso Electoral, entre otras.

La Corte Constitucional aclaró que su análisis se limita al control de constitucionalidad del procedimiento y no implica un pronunciamiento sobre la conveniencia política de la propuesta.

El proyecto fue remitido por el Ejecutivo en septiembre de 2025 y forma parte de una iniciativa más amplia que inicialmente buscaba eliminar ese organismo, lo que fue descartado por el alto tribunal al requerir una Asamblea Constituyente.

Hasta el momento, el Gobierno no ha definido si impulsará la consulta ni la fecha de convocatoria, aunque por los plazos del calendario electoral para los comicios seccionales adelantados para el 29 de noviembre, existe la posibilidad de que el referéndum se realice el mismo día.

En Ecuador, el Cpccs es una de las cinco funciones o poderes del Estado y fue creado a raíz de la aprobación de la Constitución de 2008 con la facultad de designar autoridades clave.

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