En el comunicado oficial dado a conocer este martes a los medios de prensa se argumenta que ambos centros «se han transformado en una herramienta de propaganda antirrusa», desde el mismo comienzo de la operación militar especial de Rusia en Ucrania en febrero de 2022.

«Expresando abiertamente su solidaridad con el régimen de Kiev, dichas instituciones realizan deliberadamente diversas actividades en las que difunden información distorsionada y poco fiable sobre Rusia».

Su política informativa, según el ministerio público, tiene como objetivo «socavar la confianza de la población en los líderes del país, los cuerpos de seguridad y las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, así como crear condiciones para el fomento de los ánimos de protesta y la radicalización de la sociedad».

Además, la Fiscalía General acusa a estos centros educativos de apoyar a la comunidad LGBT, catalogada como organización extremista y prohibida en Rusia, «con el propósito de destruir los tradicionales valores familiares y éticos».

Una entidad declarada indeseable pierde el derecho de crear estructuras y personas jurídicas en Rusia, ejecutar proyectos y difundir información.

Ciudadanos rusos, personas jurídicas rusas y apátridas que residen en Rusia con carácter permanente tienen prohibido participar en las actividades de entidades declaradas indeseables.

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