La disminución fue atribuida a la restricción de movilidad en zonas consideradas críticas por la violencia, donde hubo un mayor despliegue de fuerzas policiales y militares.
Durante una cadena nacional, el ministro del Interior, John Reimberg, señaló que este resultado refleja el impacto de las acciones ejecutadas en territorio.
“Este no es solo un indicador: son vidas salvadas”, afirmó el funcionario.
Las operaciones, desarrolladas en coordinación entre la Policía y las Fuerzas Armadas, dejaron cuatro mil 300 personas detenidas y la ejecución de más de dos mil 200 allanamientos en todo el país.
Las autoridades también informaron sobre la captura de un presunto financista de estructuras criminales, la neutralización de tres objetivos de alto valor y la detención de otras 19 personas vinculadas a grupos armados.
En el marco de estas acciones, se decomisó más de un millón de dólares en efectivo y se golpeó a organizaciones delictivas como Los Lobos, Los Fatales, Las Águilas y Los Tiguerones, según datos oficiales.
El ministro de Defensa Giancarlo Loffredo destacó que el toque de queda permitió limitar la movilidad de los grupos criminales, mejorar el control territorial y facilitar la recopilación de información.
Añadió que más de 32 mil efectivos participaron en los operativos, que incluyeron la destrucción de 10 pistas clandestinas, la incautación de material explosivo y el desmantelamiento de centros de acopio de drogas y armas.
Las acciones también se enfocaron en combatir la minería ilegal, con la destrucción de 792 bocaminas y 329 campamentos en lo que va del año, lo que representa pérdidas económicas para las organizaciones ilícitas.
Loffredo también resaltó la cooperación con Estados Unidos durante los operativos, que según dijo, apoyaron con tecnología y planificación.
El Gobierno enmarca estos resultados en la estrategia de seguridad impulsada desde 2024, cuando declaró un conflicto armado interno para enfrentar a las estructuras criminales, en un contexto en el que 2025 cerró como el año más violento registrado en el país.
La semana pasada, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas expresó preocupación por el contexto de seguridad en Ecuador y advirtió sobre riesgos asociados a la militarización.
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