En lo que va de año, la cifra de muertes violentas de mujeres ya supera las 60 víctimas, una realidad que mantiene a esta nación centroamericana a la cabeza de la región con los índices más altos de femicidios e impunidad, según datos de diversos organismos nacionales e internacionales.

La defensora de derechos de las féminas Nohemí Díaz calificó de descabelladas recientes aseveraciones de la Policía Nacional, que vinculan de forma preliminar estos asesinatos con estructuras del crimen organizado.

“Es irresponsable que las autoridades emitan estos juicios previos a realizar una investigación científica. Ninguna violencia se puede justificar y estas muertes deben investigarse a fondo para evitar que más niñas y mujeres sigan siendo asesinadas”, señaló Díaz, citada por la publicación Proceso Digital.

Para las organizaciones feministas, este tipo de declaraciones solo buscan desviar la responsabilidad estatal y revictimizar a las mujeres, ignorando que el Estado tiene el deber de proteger la vida sin prejuicios, expresó la activista.

La situación descrita por las defensoras revela un patrón alarmante en la desaparición de mujeres, por lo que recuerdan que las primeras horas tras un suceso de esa índole son vitales, pero las autoridades no cumplen con los protocolos de búsqueda inmediata, como mandan las normas internacionales.

Con frecuencia, las reportadas como desaparecidas aparecen sin vida horas después, presentando signos de extrema saña y crueldad, lamentó.

Honduras sigue liderando las estadísticas de violencia de género en Centroamérica, con una mora judicial que impide que los culpables enfrenten la justicia, denunció el movimiento feminista.

Ante ese escenario, demandaron a las nuevas autoridades de seguridad y del Gobierno para que pasen de las promesas a la realidad.

Las organizaciones aseguraron que el “diario vivir” en Honduras no puede seguir siendo el miedo y la muerte para mujeres y niñas.

En ese sentido, el llamado es urgente para la creación de políticas públicas efectivas, unidades de investigación especializadas y un sistema de justicia que deje de ser un espectador ante la barbarie que sufren las hondureñas.

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