Unas 15 agrupaciones, entre ellas defensoras de derechos humanos, suscribieron la misiva dirigida al jefe de Estado y al canciller Mario Lubetkin.
La carta fue entregada hoy en Torre Ejecutiva, sede de la Presidencia, y en el edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores por representantes de esos colectivos.
El texto expresa “profunda preocupación, ante la situación humanitaria que atraviesa el pueblo de la República de Cuba”.
Sostiene que el recrudecimiento del cerco económico, financiero y comercial, con medidas coercitivas, ha “generado graves consecuencias en la vida cotidiana” de los cubanos, “afectando especialmente el acceso a medicamentos, alimentos y recursos esenciales”.
Hace referencia a los principios históricos de la política exterior uruguaya, basados en la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia en asuntos internos y la solución pacífica de los conflictos.
En virtud de ellos, ”solicitamos que el Gobierno de Uruguay asuma una posición clara y firme de condena a dichas medidas en los organismos internacionales correspondientes”, señala el pronunciamiento.
Menciona a la Organización de Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
Toma en cuenta que Uruguay asumió la presidencia pro tempore de la Celac y del 21 al 23 de abril se celebrará en Montevideo la Cumbre Mundial de Comunicación Política.
“El pueblo uruguayo ve con suma preocupación la inacción y la falta de un posicionamiento claro y firme ante la escalada de conflictos internacionales del último año”, subraya el documento.
También solicita que el gobierno “promueva activamente iniciativas diplomáticas que contribuyan al levantamiento de estas medidas y que impulse, de manera urgente, el envío de ayuda humanitaria concreta al pueblo cubano”.
Reclama que el Estado uruguayo convoque al embajador estadounidense, Lou Rinaldi, para “recordarle” los principios de la política exterior del país.
También para “transmitirle la profunda preocupación del pueblo uruguayo y de una amplia mayoría de organizaciones sociales ante tan injusta y cruel situación humanitaria”, concluye.
Suscriben la carta, entre otras organizaciones, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Fundación Mario Benedetti, Servicio Paz y Justicia, Derechos Humanos y Memoria Canaria, Asociación Civil Maestra Elena Quinteros, Socorro Rojo, Memoria en Libertad y la secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT.
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