El vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos, del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP), propuso elevar de 500 a mil dólares la sanción a Molina, a la vez que sugirió la atención psicológica por realizar el año pasado presuntas expresiones y gestos irrespetuosos contra agentes de la policía.

Ríos presentó una moción dirigida a duplicar la multa y establecer el proceso de terapias, lo que fue acogido por la mayoría, con 14 votos a favor y 10 en contra.

“A tenor con los hechos probados, esta Comisión concluye que las actuaciones atribuidas al senador Molina constituyen una desviación de las normas éticas y de conducta esperadas de un miembro del Senado”, señaló el presidente de la Comisión de Ética del Senado, el oficialista Juan Oscar Morales.

Molina rechazó los señalamientos al sostener que nunca ofendió a ningún miembro de la policía porque cuando hizo las expresiones en una protesta frente a La Fortaleza, en el Viejo San Juan, fueron los oficiales del orden público quienes hicieron expresiones disonantes al arrestar al izquierdista Alberto de Jesús Mercado, conocido como Tito Kayak.

“Una cosa es señalar a este servidor por haberle dicho cabrón cuando en el propio vídeo se ve que, en ningún momento, yo los señalo”, dijo Molina al ratificar que en ninguna cámara se le vio decir eso.

Molina subrayó que “todo el que sea un buen oficial del orden público sabe que siempre puede contar conmigo, pero lo que yo no voy a tolerar es el abuso contra nadie”.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, no acogió el informe de la Comisión de Ética, ni la enmienda presentada por Ríos, por considerar que la imposición de la multa ni la reprimenda desagravien a la Policía de Puerto Rico.

Las delegaciones de los partidos Independentista Puertorriqueño (PIP) y Popular Democrático (PPD) ni la senadora independiente Joanne Rodríguez Veve avalaron la sanción, mientras que Roxanna Soto Aguilú y Ángel Toledo, del PNP, se abstuvieron.

La querella la presentó el 10 de octubre de 2025, cuatro días después de la manifestación, Julio E. Villalongo García, un oficial franco de servicio que observaba desde su residencia, en Luquillo (nordeste), la transmisión que hizo Molina a través de sus redes sociales, según la senadora del PIP, María de Lourdes Santiago, miembro de la Comisión de Ética.

“De los cuatro policías que declararon, solo uno de ellos dijo haber escuchado, de pasada, una expresión parcial del senador, nada que se refiriera a los policías”, relató Santiago.

El presidente de la Comisión de Ética dijo que se analizó el vídeo colgado por Molina en sus redes sociales.

Morales, del PNP, afirmó que lo sucedido “aquel 6 de octubre menoscaba la imagen institucional del Senado y socava la confianza ciudadana en la Asamblea Legislativa como un cuerpo representativo del pueblo”.

Molina violentó de manera directa, dijo, las secciones 4C, 4D y 4U del Código del Ética del Senado de Puerto Rico, al incurrir en expresiones “impropias e irrespetuosas, carentes de prudencia, afectando la dignidad del cargo”.

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